Boletín mensual de jurisprudencia nº 276 d I c I e m b r e ‘ 2 0 0 7




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ISSN 0326 1263


PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN




CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO




PROSECRETARÍA GENERAL


BOLETÍN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA Nº 276

D I C I E M B R E ‘ 2 0 0 7


OFICINA DE JURISPRUDENCIA




DERECHO DEL TRABAJO


D.T. 1.19.1. Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. ART citada como tercero. Condena. Improcedencia.

El actor no dedujo demanda contra la ART, quien fue citada como tercero por la demandada. En tal supuesto no puede la aseguradora quedar alcanzada por la condena dictada en autos. Para más, en el caso, no se acreditó que la ex empleadora hubiera contratado con la aseguradora una póliza que cubriera la responsabilidad emergente del derecho común. Por el contrario el contrato de seguro suscripto se refería solo al régimen establecido por la ley 24557. Finalmente, tampoco se demostró que la ART haya incurrido en algún incumplimiento de las exigencias contenidas en el art. 4 de la LRT que guarde relación de causalidad adecuada con el daño cuya reparación se solicita, teniendo en cuenta que la obligación allí establecida es de “medios” y no de “resultado”, por lo que el solo acaecimiento de la enfermedad no llega a evidenciar su incumplimiento por parte de la ART.

Sala II S.D. 95473 del 14/12/07 Expte n° 15383/01 “Niz, Hermenegildo c/ Consignaciones Rurales SA s/ accidente acción civil” (P.- M.-)


D.T. 1 1 19 1) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Asegurador. Responsabilidad de la ART fundada en la normativa civil.

La falta de cumplimiento por parte de la aseguradora de las obligaciones a su cargo, de conformidad con lo dispuesto por la ley 24.557 permite fundar la condena dispuesta contra la ART, en base a la normativa emergente del art. 1074 del Cód. Civil. Resulta, pues, de plena aplicación lo dispuesto por los arts. 512, 902 y 1.074 del Código Civil.

Sala V, S.D. 70.307 del 11/12/2007 Expte. N° 28.323/05 “Paz Hugo Armando c/Radiotrónica de Argentina S.A. y otro s/accidente-acción civil”. (S.-Z.).


D.T. 1 1 19 6) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Daño material.

Las pautas fundamentales para determinar la reparación del daño material que la minusvalía provoca al trabajador son su remuneración, el porcentaje de incapacidad respecto de la total obrera, y su edad a la fecha del infortunio, pues esos tres datos permiten fijar el “quantum” reparador, esto es, el detrimento salarial que provoca la incapacidad –determinado en función del porcentaje de ésta última- hasta el momento en que el trabajador se encuentra en condiciones de acceder a su jubilación ordinaria.

Sala V, S.D. 70.307 del 11/12/2007 Expte. N° 28.323/05 “Paz Hugo Armando c/Radiotrónica de Argentina S.A. y otro s/accidente-acción civil”. (S.-Z.).


D.T. 1 1 19 12) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Prescripción.

Cuando se acciona reclamando la reparación integral con fundamento en el art. 1113 del Cód. Civil el plazo de prescripción es el previsto en el art. 258 L.C.T., pues aun cuando la acción se funde en normas del derecho común no se modifica el carácter de la relación laboral habida entre las partes, de modo que, a los fines del cómputo del plazo de prescripción, no corresponde tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 4037 del Código Civil (Corte suprema de justicia de la Nación in re “Franco, Cantalicio c/Provincia del chaco” del 10/6/92).

Sala V, S.D. 70.307 del 11/12/2007 Expte. N° 28.323/05 “Paz Hugo Armando c/Radiotrónica de Argentina S.A. y otro s/accidente-acción civil”. (S.-Z.).


D.T. 1. 19. 12. Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Prescripción. Punto de partida. Enfermedad profesional.

El art. 4037 del C. Civil establece que el plazo de prescripción por responsabilidad civil extracontractual es bianual, aunque no establece cuál es el punto de partida para un supuesto en el cual se reclama una indemnización resarcitoria de las secuelas incapacitantes que derivan de una enfermedad profesional. Tampoco se refieren a dicha circunstancia el resto de las normas del C. Civil. Por su parte, el art. 258 LCT fija que la fecha de comienzo del plazo prescriptivo es la “determinación de la incapacidad”. Tal concepto es genérico, por lo que es necesario adecuar o circunscribir ese concepto a la cuestión atinente a los infortunios y enfermedades laborales que dan origen a reclamos fundados en el derecho común (art. 1113 del C. Civil). En tal sentido, cuando se demanda la reparación de una enfermedad derivada del trabajo y no existe prueba concreta acerca del momento en el cual el trabajador afectado pudo haber tomado debido conocimiento de la incapacidad que deriva de tal afección, es razonable aceptar que la configuración jurídica del daño se produjo al momento de promoverse la acción. Momento en el cual el demandante tiene cabal conocimiento no sólo de la enfermedad que lo afecta, sino también de la minusvalía que le provoca.

Sala II S.D. 95473 del 14/12/07 Expte n° 15383/01 “Niz, Hermenegildo c/ Consignaciones Rurales SA s/ accidente acción civil” (P.- M.-)


D.T. 1 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Comisiones médicas. Constitucionalidad.

El sistema de las Comisiones Médicas no es inconstitucional porque prevé la posibilidad de que sus decisiones sean revisadas por un órgano judicial. De esa forma, no se configura ningún agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Sala III, S.I. 58.668 del 28/12/2007 Expte. N° 26.674/07 “Albornoz Carlos Fernando c/Provincia ART S.A. s/accidente-ley 9688”.


D.T. 1. 12. Accidentes del trabajo. Prescripción. Ley de riesgos. Actuaciones administrativas. Organismo público. Suspensión.

En los supuestos de accidente, el cómputo del plazo bianual prescriptivo establecido por el art. 44 de la L.R.T. que corresponde a la acción por el resarcimiento del daño que pudiere haber originado el infortunio comienza: a) con el alta médica otorgada antes de que transcurriere el año desde la ocurrencia del episodio accidental; o b) al cumplirse el año desde el acaecimiento del infortunio o desde el comienzo de la incapacidad temporaria, si durante el transcurso de ese año no se hubiere otorgado el alta médica definitiva. En este caso, al tratarse de una dependiente del Servicio Penitenciario Federal, las actuaciones administrativas generadas en el ámbito de la propia institución demandada, en las cuales ésta reconoció que la actora padecía un 76% de incapacidad, afectan el curso de la prescripción pues es razonable que la trabajadora aguarde una respuesta cabal de su empleadora que, como organismo público tramita en un marco sumarial lo concerniente a la viabilidad del reclamo. En tal sentido dicho reclamo debe considerarse en cuadrado en el supuesto previsto por el art. 3986 2° párrafo del C. Civil, pues constituye un acto de constitución en mora del deudor –respecto de la obligación indemnizatoria cuyo reconocimiento se pretende en la causa- que suspende el curso de la prescripción, por una sola vez, durante un año.

Sala II S.I. 56020 del 28/12/07 Expte n° 6435/04 “Carabajal, Ana c/ Servicio Penitenciario Federal s/ accidente” (P.- M.-)


D.T. 7 Aportes y contribuciones a entidades gremiales. Cuotas de solidaridad. Constitucionalidad.

En torno a la polémica que genera la posibilidad de imponer obligaciones y cargas pecuniarias a trabajadores no afiliados a la organización sindical pertinente, a través del dictado de convenios colectivos que les resultan aplicables; en el dictamen N° 35.124 aludido por el Fiscal General, se sostuvo que la misma “ha sido zanjada hace más de treinta años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el 12.4.72 en autos “Potenzo, Pablo c/Federación de Empleados de Comercio s/cobro de aportes” (v. Derecho del Trabajo 1972 pág. 579 y sgtes.) que rechazó un planteo de inconstitucionalidad del art. 8 de la ley 14.250 y que partió de la base contractual de la convención colectiva y del entendimiento de que las contribuciones son un elemento entre varios, que integran el conjunto de las estipulaciones generales de cuyo juego resulta el mérito y la eficacia total y final de un convenio que determina las condiciones de trabajo que beneficia al dependiente y que justifican las imposiciones “de solidaridad”…”.

Sala IV, S.D. 92.936 del 27/12/2007 Expte. N° 27.411/2007 “Regalini Reinaldo Eduardo y otros c/Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/acción de amparo”. (M.-Gui.).


D.T. 7 Aportes y contribuciones a entidades gremiales. Cuotas de solidaridad. Planteo de inconstitucionalidad dirigido contra Ministerio de Trabajo. Falta de legitimación pasiva para ser demandado.

En el caso se pretende la declaración de inconstitucionalidad de las cuotas de solidaridad supuestamente lesivas, a través de una demanda que tiene como sujeto pasivo al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, como lo ha sostenido la CSJN, no cabe calificar al Estado como “parte adversa”, en tanto no integra las relaciones jurídicas sustanciales sobre la base de las cuales se demanda (CSJN, 27/5/04, “Search Organización de Seguridad S.A. c/Provincia de San Luis”). No modifica esa conclusión el hecho de que la actora interponga la acción en virtud de la actividad administrativa del Ministerio de Trabajo (en cuanto homologó el convenio colectivo que fijó la cláusulas de solidaridad), porque ello no es suficiente para hacerlo “parte” en la obligación de abonar la cuota de solidaridad al sindicato, ni como tal, legitimado pasivo para ser demandado. Una solución distinta importaría admitir las acciones declarativas directas de inconstitucionalidad por vía de demanda o de acción, extremos que no ha aceptado el Alto Tribunal; y transformar en parte procesal al Estado en todos aquellos expedientes en los que se tachase de inconstitucional una norma dictada por ellos, a pesar de no mediar un vínculo directo con quien interpone tal pretensión. (Del voto del Dr. Guisado).

Sala IV, S.D. 92.936 del 27/12/2007 Expte. N° 27.411/2007 “Regalini Reinaldo Eduardo y otros c/Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/acción de amparo”. (M.-Gui.).


D.T. 7 Aportes y contribuciones a entidades sindicales. Contribuciones solidarias. Constitucionalidad. Libertad sindical.

Las contribuciones solidarias son aportes obligatorios que las asociaciones sindicales tienen derecho a percibir de los trabajadores comprendidos en su ámbito y zona geográfica de representación, por haber sido pactados en las convenciones colectivas de trabajo, habitualmente con motivo de la celebración o renovación de dichas convenciones y con relación a los incrementos salariales que de ellas derivan. La contribución solidaria es un aporte sensiblemente inferior al que deben hacer los afiliados. La contribución no es irrazonable ni puede ser considerada sin más violatoria de la libertad sindical, pues no implica de hecho una afiliación forzada ni se obliga a abonar al no afiliado lo mismo que a quien se ha asociado voluntariamente al sindicato. (Del voto de la Dra. García Margalejo, en mayoría).

Sala V, S.D. 70.367 del 28/12/2007 Expte. N° 4366/06 “Martínez Buisan, Christian Roberto c/Sindicato Argentino de Televisión s/acción de amparo”. (GM.-Z.-S.).

D.T. 7 Aportes y contribuciones a entidades sindicales. Contribuciones solidarias. Inconstitucionalidad. Libertad sindical.

Toda vez que las normas de las convenciones colectivas de trabajo homologadas por la autoridad de aplicación regirán respecto de todos los trabajadores, afiliados o no al sindicato negociador comprendidos en el ámbito del convenio (art. 4, párr. 1, ley 14.250) es lógico y razonable que los trabajadores no afiliados a aquella entidad sindical beneficiados por la aplicación de las cláusulas pactadas deban solidariamente contribuir con el pago de una contraprestación proporcional por esa suerte de gestión atípica de negocios de carácter legal, que irroga para el sindicato una labor y un costo. De este modo las contribuciones solidarias previstas en los arts. 37, inc. a) de la ley 23.551 y 9, párr. 2 de la ley 14.250 configuran, con cierto alcance, una restricción a la libertad de los trabajadores de no ser obligados o compelidos a pertenecer al sindicato negociador del convenio colectivo de trabajo que contribuye proporcionalmente a la obtención de un fin constitucional legítimo, y que –por ende- así interpretadas y aplicadas resultan compatibles con las normas pertinentes de la convención Americana de Derechos Humanos. (Del voto del Dr. Zas, en minoría).

Sala V, S.D. 70.367 del 28/12/2007 Expte. N° 4.366/06 “Martínez Guisan, Christian Roberto c/Sindicato Argentino de Televisión s/acción de amparo”. (GM.-Z.-S.).


D.T. 7 Aportes y contribuciones a entidades sindicales. Contribuciones de solidaridad. Constitucionalidad. Libertad sindical.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Potenzo, Pablo L. c/Federación de Empleados de Comercio” del 12 de abril de 1972 (DT, 1972-579 y sgtes.) refiriéndose a la constitucionalidad de la negociación colectiva y a las cuotas de solidaridad resolvió que éstas, en principio no causan agravio constitucional. El voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, con participación en sus beneficios sin reserva alguna, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional. La libertad sindical no aparece amenazada puesto que los afiliados deben abonar además de la cuota solidaria la cuota sindical.

(Del voto del Dr. Simón, en mayoría).

Sala V, S.D. 70.367 del 28/12/2007 Expte. N° 4366/06 “Martínez Buizan, Christian Roberto c/Sindicato Argentino de Televisión s/acción de amparo”. (GM.-Z.-S.).


D.T. 13 Asociaciones profesionales de trabajadores. Conflicto de personería gremial.

La pluralidad sindical en el ámbito de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal concretada en el principio de no exclusión de la personería gremial, con el consiguiente derecho de todas las asociaciones sindicales coexistentes a elegir los representantes del personal en directa proporción con los afiliados cotizantes que cuente cada una de ellas, en tanto cuenten con un porcentaje mínimo de afiliados, resulta compatible con la libertad sindical consagrada en las normas de jerarquía constitucional precitadas. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno. La Asociación de Trabajadores del Estado conserva personería gremial respecto de los trabajadores de la Municipalidad de Godoy Cruz y consecuentemente está habilitada a convocar a elección de delegados de personal en ese ámbito. (Del vot del Dr. Zas).

Sala V, S.D. 70.318 del 13/12/2007 “Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad social c/Asociación de Trabajadores del Estado”. (GM.-Z.-S.).


D.T. 13. 6 Asociaciones profesionales de trabajadores. Ley 23.551. Recurso conforme art. 62 de la Ley 23.551 contra una resolución del Ministerio de Trabajo Improcedencia.

No procede el recurso presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del art. 62 de la Ley 23.551, que fijó audiencia para iniciar los trámites de constitución de la comisión negociadora de una convención colectiva de trabajo en el ámbito de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Ello así, toda vez que el recurso del artículo 62 de la Ley 23.551 sólo procede contra resoluciones definitivas de la autoridad administrativa del trabajo en la materia reglada por dicha ley, o sea en lo vinculado a la vida interna de las asociaciones sindicales, y no en lo concerniente a los aspectos típicos de la negociación colectiva.

Sala VIII, S.I. 28.838 del 27/12/2007 Expte. N° 31.699/2007 “Ministerio de Trabajo c/Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires s/sumario”. (M.-C.).

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