Sentencia c-1288/01 calificacion juridica provisional de conducta punible




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Sentencia C-1288/01

 

CALIFICACION JURIDICA PROVISIONAL DE CONDUCTA PUNIBLE-Necesidad de variar la advertida por juez y dada a conocer al fiscal en audiencia pública

 

DERECHO DE DEFENSA EN PROCESO PENAL-Distinción entre posición del acusador y sindicado/DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO-Variación de acusación/CALIFICACION JURIDICA PROVISIONAL DE CONDUCTA PUNIBLE-Oportunidad de defensa del sindicado

 

En el caso particular de la defensa, dentro del proceso penal, resulta de suma importancia distinguir la posición del acusador de la que le corresponde asumir al sindicado, en cuanto éste requiere que aquel defina la acusación para proveer su defensa, de tal suerte que lo trascendente, desde una perspectiva constitucional, no es que la acusación se mantenga incólume, sino que ante la variación de la acusación el encartado también pueda modificar su estrategia defensiva, y que igualmente se le respete el derecho de contradecir los hechos nuevos, además de que se tengan en cuenta los propios. Además, el sindicado puede interponer los recursos de reposición y de apelación contra la decisión del fiscal de variar la calificación. Y, en firme tal decisión, puede solicitar la suspensión de la audiencia con miras a que se decreten nuevas pruebas con el fin de refutar o reafirmar la mutación y, además, sostener su defensa.

 

CALIFICACION JURIDICA PROVISIONAL DE CONDUCTA PUNIBLE-Advertencia del juez al fiscal de variación no afecta imparcialidad

 

CALIFICACION JURIDICA PROVISIONAL DE CONDUCTA PUNIBLE-Advertencia del juez al fiscal de variación no constituye prejuzgamiento

 

 

Referencia: expediente D-3573.

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del numeral 2 del artículo 404 de la Ley 600 de 2000.

 

Actor: Edgar Manuel Caicedo Barrera.

 

Magistrado Ponente:

1.Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

 

 

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre del año dos mil uno (2001).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

 

 

SENTENCIA

 

 

I.ANTECEDENTES

 

 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Edgar Manuel Caicedo Barrera demandó el inciso primero del numeral 2º del artículo 404 de la Ley 600 de 2000, " por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".

 

 

Mediante auto de 22 de junio del presente año el Magistrado Sustanciador admitió la demanda, ordenó fijarla en lista, dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de su competencia, ordenó comunicar su iniciación al señor Presidente de la República y al Presidente del Congreso, así como también al Ministro de Justicia y del Derecho y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a fin de que si lo estimaban oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma acusada.

 

 

Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir acerca de la demanda de la referencia.

 

 

II.NORMA DEMANDADA

 

 

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial número 44.097 del 24 de Julio de 2000, se subraya lo demandado y se resalta el aparte, no demandado, declarado inexequible por esta Corporación.

 

 

"LEY 600 de 2000"

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal 

 

El Congreso de Colombia

DECRETA:

 

LIBRO III

JUICIO

TITULO I

JUZGAMIENTO

 

Artículo 404. Variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible. Concluida la práctica de pruebas, si la calificación jurídica provisional dada a la conducta punible varió por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto de un elemento básico  estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante que modifiquen los límites punitivos, se procederá así:

 

1. Si el  Fiscal General de la Nación o su delegado, advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, procederá a variarla y así se lo hará saber al Juez en su intervención durante la audiencia pública. Finalizada su intervención, se correrá traslado de ella a los demás sujetos procesales, quienes podrán solicitar la continuación de la diligencia, su suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de las pruebas necesarias.

 

Si se suspende la diligencia, el expediente quedará  inmediatamente a disposición de los sujetos procesales por el término de diez días para que soliciten las pruebas que consideren pertinentes. Vencido el traslado, el juez, mediante auto de sustanciación, ordenará la práctica de pruebas y fijará la fecha y hora para la continuación de la diligencia de audiencia pública, la que se realizará dentro de los diez días siguientes.

Si los sujetos procesales acuerdan proseguir la diligencia de audiencia pública o reanudada ésta y practicadas las pruebas, se concederá el uso de la palabra en el orden legal de intervenciones.

 

2. Si el juez advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, así se lo hará saber al fiscal en la audiencia pública, limitando su intervención exclusivamente a la calificación jurídica que estima procedente y sin que ella implique valoración alguna de responsabilidad. El fiscal podrá aceptarla u oponerse a ella.

 

Si el fiscal admite variar la calificación jurídica, se dará aplicación al numeral primero de  éste artículo. Si persiste en la calificación jurídica, el juez podrá decretar la nulidad de la resolución de acusacióSentencia C-760/01 de 2000, M(s) P(s) Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa. .

 

Cuando  el proceso sea de competencia del Fiscal General de la Nación, podrá introducir la modificación por medio de memorial dirigido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

Cuando el proceso sea de aquellos que conoce en su integridad la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se introducirá la modificación por decisión notificable en sus estrados."

 

 

III.LA DEMANDA

 

 

El actor señala que la norma demandada contraría el artículo 29 de la Constitución Política, por las razones que a continuación se resumen.

 

 

Fundamenta su cargo en que el inciso primero del numeral 2 del artículo 404 de la Ley 600, faculta al juez para variar la calificación, haciendo de ésta manera nugatoria la potestad acusatoria de la Fiscalía General de la Nación, comprometiendo la imparcialidad del juzgador y quebrantando el derecho de defensa del demandado, como quiera que insiste en que toda persona tiene derecho a ser oída de manera que pueda, dentro de un plazo razonable y con las debidas garantías, controvertir las acusaciones que formulen en su contra.

 

 

Además, conceptúa que el legislador desconoció la "(..) intención del constituyente (..)", quien atribuyó a la Fiscalía la posibilidad de acusar con el propósito de preservar la imparcialidad del juzgador.

 

 

IV.INTERVENCIONES

 

 

  1. Academia Colombiana de Jurisprudencia.

 

 

La Academia Colombiana de Jurisprudencia, atendiendo la invitación formulada por el Magistrado Sustanciador, designó al académico Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez para intervenir en el presente asunto, quien solicita desatender las pretensiones del actor, con base en los argumentos que a continuación se sintetizan.

 

 

En primer término, se refiere a la falta de técnica y argumentación jurídica de la demanda presentada y a la dificultad que las falencias de la demanda generan para abordar un examen de constitucionalidad de la norma "serio, atendible y científico".

 

 

Sin embargo, luego de describir el contenido normativo del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 -parcialmente demandado-, se pronuncia sobre la pretensión del actor, aludiendo a que la intervención que el inciso primero del numeral 2 de la norma en mención autoriza no implica que el juez esté autorizado para prejuzgar, debido a que éste se encuentra ante una situación provisional, que no le permite emitir juicio alguno.

 

 

Por ello encuentra que la norma acusada no vulnera la garantía constitucional del debido proceso, reconocida en la Constitución Política, como tampoco que el juez, por advertir sobre la necesidad de variar la calificación jurídica, pierda su independencia e imparcialidad.

 

 

De otro lado, asegura que no es dable afirmar que el inciso primero del numeral 2 del artículo 404 priva a la Fiscalía de su función acusadora, por cuanto el legislador bien puede hacer coincidir al juez y al acusador, en cuanto a la modificación de la calificación jurídica se refiere.

 

 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

 

 

El Señor Procurador General de la Nación, mediante concepto número 2.632, recibido el 13 de Agosto de 2001, en la Secretaría de la Corte Constitucional, solicita la declaratoria de constitucionalidad de la norma demandada. Para ello dice apoyarse en el criterio que sobre la materia ha emitido esta Corporación en las sentencias C-191 de 1996 y C-620 de 2001 y en el concepto fiscal rendido dentro del expediente D 347Mediante sentencia C-1193 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, esta Corporación se inhibió de conocer sobre el cargo formulado por el actor en la sentencia en cita, contra la disposición en estudio por ineptitud sustancial de la demanda..

 

 

Así, aludiendo a la sentencia C-620 de 2001, mencionada, el Ministerio Público manifiesta que aunque la acusación y el juzgamiento son diferentes etapas del proceso penal, se complementan entre sí con el propósito de preservar el principio de legalidad.

 

 

Y, en ese orden de ideas, aduce que el juez puede advertir al fiscal respecto de la necesidad de variar la calificación provisional y de reformar la resolución acusatoria, e incluso, como director del proceso, ante la negativa del acusador, declarar la nulidad de dicha providencia, en aras de esclarecer los hechos, determinar la verdad y administrar justicia material.

 

 

Por otra parte, considera que el inciso impugnado no priva al fiscal de su función acusadora en la etapa del juicio, como tampoco contraría la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, establecidas en el artículo 252 superior, sino que permite al juez advertir sobre la existencia de un error en la calificación provisional, en razón del advenimiento de pruebas sobre circunstancias agravantes, exclusión de atenuantes, formas de participación, o delitos conexos, con el fin de ajustar la calificación a la realidad probatoria.

 

 

Además, indica que la sugerencia del juez al fiscal, en el sentido de que debe variar la calificación, no es coercitiva, ya que existe la posibilidad de que el fiscal ajuste la resolución de acusación a la realidad probatoria, o que se mantenga en la decisión tomada inicialmente, caso en el que sería procedente la declaración de nulidad.

 

 

Cita la sentencia C-491 de 1996, en donde, dice, la Corte Constitucional precisó que la declaración del juez sobre el equívoco o la inexactitud de la resolución de acusación, antes que una facultad, constituye una obligación. Y afirma que la declaratoria de inexequibilidad del aparte enjuiciado supondría la restricción de las alternativas del fallador ante la necesidad de variar la calificación, pues solo sería posible declarar la nulidad o absolver al sindicado, "posibilidades demasiado radicales y caras, en términos de eficacia y celeridad, para el desarrollo del proceso".

 

Por último, advierte que la intervención del juez que autoriza el inciso primero del numeral 2 del artículo 404 de la Ley 600, en cuanto impide al fallador realizar cualquier análisis o valoración probatoria, referida a la responsabilidad del sindicado, no quebrantan su derecho a la defensa.

 

 

VI.CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

 

1. Competencia

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, esta Corporación es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, toda vez que el aparte demandado está contenido en la Ley 600 de 2000, que es una ley de la República.

 

 

2.Problema jurídico

 

 

Atendiendo la demanda de inconstitucionalidad presentada, la Corte deberá decidir si la advertencia que el juez puede hacer en la audiencia pública al fiscal, respecto de la necesidad de variar la calificación provisional, quebranta el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto el actor considera que se está desconociendo el derecho del sindicado a la defensa y a ser juzgado por un juez imparcial.

 

 

4. Análisis de los cargos. El inciso primero del numeral 2º del artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, no quebranta el artículo 29 de la Constitución Política

 

 

4.1. Debe la Corte precisar si la advertencia del juez al acusador relativa a la necesidad de variar la calificación jurídica de la conducta punible, quebranta, como lo plantea el actor, el derecho de defensa del sindicado, esto es, si se lo priva de la posibilidad de alegación, prueba y contradicción.

 

 

Ahora bien, en el caso particular de la defensa, dentro del proceso penal, resulta de suma importancia distinguir la posición del acusador de la que le corresponde asumir al sindicado, en cuanto éste requiere que aquel defina la acusación para proveer su defensa, de tal suerte que lo trascendente, desde una perspectiva constitucional, no es que la acusación se mantenga incólume, sino que ante la variación de la acusación el encartado también pueda modificar su estrategia defensiva, y que igualmente se le respete el derecho de contradecir los hechos nuevos, además de que se tengan en cuenta los propios.

 

 

Porque, tal como lo ha definido esta Corporación:

 

 

"Concretamente, en los asuntos penales, dentro de las garantías fundamentales para el procesado, en desarrollo y armonía con el debido proceso, se deben respetar los siguientes principios:

 

a) El enjuiciado debe conocer previamente a la sentencia, los motivos por los cuales es acusado por el Estado. Esta garantía es la consonancia que se predica entre la acusación y la sentencia.

 

b) A pesar de las modificaciones que se introduzcan a la acusación, éstas no pueden ser de tal naturaleza que rompan la consonancia entre la acusación y la sentencia.

 

c) Al enjuiciado no se le puede sorprender con hechos nuevos sobre los cuales no tenga oportunidad de defenderse."Sentencia C-541 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. La sentencia en cita también recordó la procedencia del recurso de casación, cuando el juez incluye en la decisión hechos no comprendidos en la resolución de acusación, haciendo, de alguna manera, más gravosa la situación del procesado y para el efecto trajo a colación las sentencias de la Corte Suprema de Justicia 9117 del 2 de agosto de 1995 y 9756 del 17 de junio de 1998.

 

 

Según lo prevé el artículo 342 de la ley en cita "(..) se ampliará la indagatoria cuando aparezcan los fundamentos para variar la calificación jurídica provisionalSobre la provisionalidad de la calificación se puede consultar las sentencias C-491 de 1996. En esta decisión la Corte sostuvo que el carácter provisional de la calificación no quebranta la garantía constitucional del debido proceso, en razón de que se mantiene la presunción de inocencia del sindicado la que solo se puede desvirtuar en la sentencia. En el mismo sentido sentencia C-541 de 1998. , lo que significa que la calificación no podrá sufrir mutación alguna sin que, previamente, el sindicado haya tenido la oportunidad de manifestar lo que estime pertinente frente a ella, ya sea sosteniendo o modificando su posición inicial –porque ante una calificación provisional debe entenderse que tampoco la defensa tuvo carácter definitivo-.

 

 

Además, el sindicado puede interponer los recursos de reposición y de apelación contra la decisión del fiscal de variar la calificación -artículo 193, literal a), numeral 5 Ley 600La Corte Suprema de Justicia, en torno de la calificación que se hace en la resolución de acusación ha dicho: "Y en cuanto a la resolución de acusación se ha insistido también, que tal auto debe entenderse como un todo, dinámico y coherente en sus partes motiva y resolutiva y la consonancia de la sentencia con él debe establecer en su integridad y no únicamente con la parte resolutiva del mencionado auto" Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, casación, enero 31 de 1990, M.P. Rodolfo Mantilla Jácome. –. Y, en firme tal decisión, puede solicitar la suspensión de la audiencia con miras a que se decreten nuevas pruebas con el fin de refutar o reafirmar la mutación y, además, sostener su defensa.

 

 

En consecuencia, el inciso en estudio, en cuanto faculta al juez para advertir sobre la necesidad de variar la calificación provisional de la conducta punible, y al fiscal para aceptar tal solicitud u oponerse a ella, no quebranta el derecho de defensa del sindicado, porque de tal facultad no es dable deducir violación de sus garantías constitucionales –artículos 29 y 93 C.P.-; por el contrario, el recuento de posibilidades, ya relacionadas, previstas por el legislador, ante la eventualidad de dicha variación, demuestran que la mutación de la calificación solo puede adelantarse con pleno respeto del derecho de defensa del sindicado.

 

 

4.2. Corresponde a la Corte analizar si la intervención del juzgador que el inciso primero del numeral 2º del artículo 404 del Código de Procedimiento Penal autoriza, afecta la independencia e imparcialidad que debe observar el juez en los términos del artículo 29 constitucional, esto es, si la advertencia que puede formular el fallador al acusador, respecto de la variación de la calificación jurídica provisional, conlleva una convicción previa sobre el fondo del asuntSobre la diferencia de funciones entre el fiscal y el juez se pueden consultar la sentencia C-395 de 1994, C-609 de 1996, y T-439 de 1997. .

 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que tal como lo prevé el inciso en estudio, la aludida intervención del juez se limita, "exclusivamente", a la calificación que el mismo estime procedente "sin valoración de la responsabilidad", al parecer de la Corte el inciso primero del numeral 2 del artículo 404 de la Ley 600 no pone en juego la imparcialidad del juzgador, sino que permite a éste realizar una advertencia al fiscal con miras a lograr una decisión congruente, propia de la sentencia –artículo 205 Ley 600-, que conjugue la relación entre acusación y juicio, investigador y juzgador, que el artículo 250 constitucional establece. Congruencia que no sería posible si el juez tuviera que esperar a la sentencia para apartarse de la calificacióCorte Suprema de Justicia, proceso 10918 febrero 4 de 1999. "En este orden de ideas, en lo que atañe a la nulidad de la resolución acusatoria por falta al debido proceso, sólo la justifican los vicios que impedirían proveer de fondo y dictar sentencia. Así entonces, si el fiscal exhibe la motivación básica, fundada en una apreciación racional de las pruebas que obran en el proceso y en una argumentación jurídica propia de su facultad de interpretación, no puede ser motivo de nulidad, por el prurito de que el juez razona más elevadamente o de manera diferente, el hecho de que el calificador por antonomasia en ese momento haya descartado una circunstancia de agravación, o reconocido la atenuante por ira o intenso dolor, o admitido la complicidad como título de participación -en lugar de la autoría que piensa el juez-, o determinado la culpa o la preterintención, en vez del dolo, como componentes del aspecto subjetivo del tipo.". .

 

 

De ahí que resulta de singular importancia que los errores cometidos en la acusacióCorte Suprema de Justicia, proceso 13524, julio 9 de 1999, M.P. Jorge Aníbal Gómez Galindo. "La posibilidad de variar la calificación por el error en que incurrió el fiscal no es un predicado inconcluso, pues no cualquier discrepancia que tenga el juez respecto de la calificación jurídica implica que se le pueda tachar de errónea es decir que aun cuando existan variadas hipótesis sobre la figura delictiva en que se emerge la conducta del procesado, prevalecerá la del fiscal y el juez no tiene más alternativa que aceptarla. "Así entonces, cuando la valoración ofrece la posibilidad de varias hipótesis explicativas del hecho delictivo o de la responsabilidad del imputado, para el momento de la calificación sumarial se impone la que razonablemente define el fiscal, así el juez en su posterior intervención llegue a discrepar de ella con argumentos igualmente razonables." sean corregidos por el mismo acusador y que, igualmente, sea éste el que acoja o deseche las pruebas sobrevenidas –inciso primero, artículo 404 C. de P. P.-, porque solo así la decisión se proferirá después de haber dado a las partes la oportunidad de defenderse y por un juez independiente e imparcial, que esté en capacidad de variar la imputación, sin pronunciarse sobre la responsabilidad del sindicadoAl respecto, pueden consultarse las sentencias de la Corte Suprema de Justicia del 10 de junio de 1998, Proceso 9830; M.P. Jorge Córdoba Poveda y la citada en la nota anterior.

 

 

Con base en lo anteriormente expuesto no se observa que la advertencia que el juez puede formular al fiscal, en la audiencia pública implique un acto de "prejuzgamiento" como lo indica el actor, pues con sujeción a los supuestos indicados anteriormente la actividad del juez está encaminada a preservar la legalidad del actSobre la necesidad de preservar el principio de legalidad, en el proceso penal consultar además de las sentencias ya citadas, la C-620 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería. , no a la formación de una convicción sobre la responsabilidad del acusado, porque así lo aclara el inciso primero del numeral 2º del artículo 404, en estudio, y fue ésta la intención reiterada por el legislador a lo largo de los debates que dieron lugar a la adopción de la iniciativRecurriendo a los antecedentes legislativos del artículo 404 de la Ley 600 se observa que el Fiscal General de la Nación presentó a consideración del Congreso Nacional la "[v]ariación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible (..) [c]oncluida la práctica de pruebas"; tanto a iniciativa del Fiscal como del Juez; presentación que el Jefe del ente acusador motivó, entre otros argumentos, en que i) "(..) la modificación podrá formularla el Fiscal como sujeto acusador, pues siendo la acusación un acto complejo, que va desde el llamamiento a juicio, contenido en la resolución de acusación, hasta la intervención del mismo dentro de la audiencia pública incluyendo el acto de variación", ii) " (..)la función juzgadora del juez es independiente e imparcial, limitada al control de la actividad investigadora, para la recta administración de justicia, lo que impide su participación en ésta clase de decisión.", y en que iii) la iniciativa del juez requiere la "evidencia (..) de un error en la calificación jurídica provisional (..)." negrilla en texto original-.La ponencia para primer debate del proyecto en mención -042 de 1998 Senado- se refirió a la "variación jurídica y sobreviniente por nueva prueba", aduciendo que el proyecto resolvió el problema dejado insoluto por esta Corporación al declarar "constitucional (..) la expresión "provisional"", en cuanto no se habría dado "ninguna directriz respecto de quien podía solicitar esa variación y en que momento.". El Acta número 20 de 1998 refiere que el 17 de noviembre de ese año, en el seno de la Comisión Primera del Senado de la República, uno de los ponentes de la iniciativa, haciendo un "(..) resumen (..) de la manera más breve y sucinta (..)de los cambios fundamentales que el Código introduce", se refirió a la posibilidad de " (..) cambiar la denominación jurídica de la calificación del hecho, (..) durante la etapa del juicio (..)". La ponencia para segundo debate, que se adelantó en el Senado de la República relacionó el artículo 400 entre aquellos que "que no requerían modificaciones y por lo mismo se mantuvo el contenido del texto presentado por el señor Fiscal General de la Nación o en el informe de ponencia, dependiendo del caso.". Y , respecto de la variación de la calificación la ponencia hizo la siguiente aclaración: "En el tema de la variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible, a que se refiere el artículo 400 del proyecto se nos ha sugerido la participación activa de los sujetos procesales diferentes del Fiscal, porque pareciera que el desarrollo de éste incidente solo pudieran actuar el juez y el fiscal. No obstante nos vemos precisados a aclarar que cuando en el numeral 2º se dice que la iniciativa surja del Juez allí queda incluida la posibilidad de que esa iniciativa del Juez sea promovida a instancias de cualquier otro de los Sujetos Procesales, en desarrollo del derecho de postulación que le corresponde a cada uno de ellos.".No obstante la ponencia para segundo debate al proyecto de Ley número 155 Cámara, suprimió del texto del artículo 400 -aprobado por la Comisión- el aparte relativo a la intervención del "(..) superior del juzgador para que efectúe el respectivo control (..)". Propuesta que fue explicada por el ponente en los siguientes términos: "Se introduce la solución en cuanto a las diferentes interpretaciones que se vienen presentando actualmente cuando se produce la variación de la calificación jurídica en la etapa del juicio. (..) Este problema se resuelve en el proyecto, modificándose incluso lo que venía aprobado de Senado, para evitar que sea el juez quien califique el mérito del sumario en contra de lo que establece la constitución." se resalta la Corte-. Así las cosas, la Plenaria del Senado de la República aprobó el informe de medicación presentado por las Comisiones designadas para conciliar las discrepancias surgidas en la aprobación del Proyecto de ley número 42 de 1998 Senado y 155 del mismo año Cámara, que entre otras modificaciones- excluía de la iniciativa del juez, en cuanto a la variación de la calificación de la conducta punible se refiere "el control (..) de plano (..) del superior del juzgador", y, además, le fijaba claros limites a tal intervención, con el propósito de que ésta no pueda implicar "(..)valoración alguna de responsabilidad".- Gacetas del Congreso 141, 247, 371, 300 de 1998 y 236 de 23 de junio de 2000.–

 

 

 

 

 



–.

 

 

En consecuencia, la Corte tampoco encuentra que la disposición en estudio, en cuanto prevé que si el juez advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional así lo hará saber al fiscal en la audiencia pública, quebrante el artículo 29 constitucional, puesto ha sido posición reiterada de ésta Corte avalar la colaboración e intercomunicación entre fiscales y jueces con miras a lograr la realización de un orden justo, que supone, necesariamente, el respeto de las garantías constitucionales de todos los sujetos procesalesAl respecto consultar sentencia C-395 de 1994 MP Carlos Gaviria Díaz.

 

 

 
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