Nº 85-08 consejo superior del poder judicial




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         Se dispuso: Acoger la gestión presentada por los licenciados Minor Mendoza Cascante y Norman Rojas Álvarez, y de conformidad con lo que establece el artículo 44, incido 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de un asunto de interés institucional, prorrogar hasta el último día laboral de este año, el permiso con goce de salario y sustitución concedido a la licenciada Liz Mauren Tencio Alfaro, puesto N° 44226 y al licenciado Norman Rojas Álvarez, puesto N° 46831, para que continúen con las labores de que se dio cuenta. Respecto a la solicitud de mantener dichos recursos, se valorará el próximo año su procedencia, en razón de que para este año no se pueden comprometer los recursos institucionales.


         El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.


ARTÍCULO LXII


         En sesión N° 39-08 celebrada el 27 de mayo del año en curso, artículo LXXVI, se tuvo por recibido el informe del Departamento de Planificación N° 219-PLA-2008 referente a la “Evaluación del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales en los Tribunales de Santa Cruz” y entre otros aspectos, se solicitó al Departamento de Tecnología de la Información, que presentara a este Consejo un informe semestral sobre las acciones realizadas, para solventar los aspectos positivos y negativos que se infieren de la implementación de dicho sistema, dando seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones y conclusiones del informe, con el fin de tratar de lograr un aumento de las necesidades de satisfacción, capacitación y aceptación de parte de los usuarios y usuarias que lo operan.

         En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo anteriormente citado, en sesión N° 72-08 del 25 de setiembre de este año, artículo LXII, se tuvo por rendido el informe de la licenciada Kattia Morales Navarro, Jefa Área Informática de Gestión del Segundo Circuito Judicial de San José, referente al “Seguimiento del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales en los Tribunales de Guanacaste”, y se ordenó trasladar ese documento a la Comisión de Oralidad,  para su análisis, en razón de que se abordaba el tema de la oralidad,  el cual en lo que interesa dice:

         “Respecto a la oralidad, en general los despachos se muestran desorientados y preocupados ya que no cuentan con directrices claras o protocolos que les indique la forma de grabado de las audiencias en audio y video, el almacenamiento, custodia y manipulación de los CDs, así como el respaldo de los mismos y las políticas en caso que se extravíen. Los despachos también consultaron sobre la forma de registrar las sentencias, audiencias y resoluciones orales, por lo que se les explicó el procedimiento y los cambios realizados en la infraestructura para permitir el registro.  La juez de Casación penal de Santa Cruz, expresa su preocupación ya que se han tenido que anular algunos juicios debido a problemas con las grabaciones de las audiencias o en los juicios.”

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         El Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, en condición de Coordinador de la Comisión de Oralidad Penal, en nota de 27 de octubre último, expuso lo siguiente:

         “En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Superior la dedicación que ha mostrado para el control de la utilización de los medios tecnológicos en la materia penal.

         Según se indica en el oficio, en sesión No. 39-08 celebrada el 27 de mayo del año en curso, Artículo LXXVI, que se tuvo por recibido el informe del Departamento de Planificación No.219-PLA-2008 referente a la “Evaluación del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales en los Tribunales de Santa Cruz” y entre otros puntos se solicitó al Departamento de Tecnología de la Información, que presentara a este Consejo un informe semestral sobre las acciones realizadas.

         El Licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio No. 7033-DE-2008 de 17 de setiembre del año en curso, remite nota suscrita por la máster Kattia Morales Navarro, mediante la cual anexa “Informe de Seguimiento del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales en los Tribunales de Guanacaste”, indicando algunos aspectos positivos relacionados con el uso del Sistema de Gestión en los Despachos visitados, y a que “Las tecnologías en general están funcionando en forma adecuada, se encuentran familiarizados con los sistemas y consideran que los mismos son de gran ayuda para los despachos. “De seguido, el informe aborda el tema que denomina oralidad, destacando los aspectos que encontraron negativos.

         Flores estaba coordinando una buena labor de redacción de guías para el uso de equipo informático. Desconozco si se le continuó apoyando en esa labor y sus resultados. En todo caso, si el Consejo lo considera oportuno con gusto la materia penal y la Comisión que represento se pone a disposición para colaborar con la Administración en lo que pueda ser útil.

         La materia penal ha generado directrices a todos los jueces del país sobre el desempeño, registro de actuaciones y formas de trabajo en un sistema por audiencias, para lo cual se dan lineamientos en los Cursos de Oralidad; la Comisión de Asuntos Penales ha generado varias circulares que el Consejo Superior ha divulgado; la Sala Tercera ha llevado a cabo varias actividades como visitas periódicas a todos los tribunales del país y ha solventado dudas en ese sentido; la Sala Tercera se reunió con todos los jueces penales del país en una actividad conjunta, misma que se repetirá con los jueces de juicio el mes próximo; la Comisión de Oralidad Penal lleva a cabo una labor de Seguimiento en la que se visitan todos los despachos del país y se solventan dudas y se generan directrices de mejoramiento; la Comisión de Oralidad Penal, se reúne cada semana para solventar dudas de los funcionarios, las cuales se reciben y se contestan por distintas vías, tal como es de conocimiento del Consejo Superior.            Actualmente se ha elaborado un protocolo para guiar el dictado de sentencias orales. Pero como pueden ver, todo ello se refiere a la oralidad en la materia penal, y no al aspecto técnico de uso de equipos y la capacitación para ello. Cuando hemos recibido inquietudes de los jueces sobre esos aspectos, relacionados con la desorientación en el uso de equipos, falta de capacitación para ello, falta de los mismos equipos, o mal funcionamiento porque no registran bien el sonido, hemos tratado de solicitar ayuda a la Administración directamente o por medio de la Presidencia de la Corte.

         Sobre lo indicado respecto de los informes estadísticos, creo que es un tema que deberá ser atendido en conjunto por la oficina de tecnologías de la Información, Planificación y Estadística. En igual sentido lo relativo a la oficina de recepción de documentos (RDD) lo cual deberá ser coordinado entre ellos y las oficinas involucradas.

Sobre el P3 editor, es conocido que se dieron algunos problemas pero el sistema ha recibido mejoras y en materia penal no hemos vuelto a recibir quejas.


Sobre el primer aspecto, en realidad, no cuento con el conocimiento total sobre la opinión de todos los funcionarios de la materia penal respecto del Sistema de Gestión, que era el objeto del informe solicitado al Departamento de Tecnología de la Información. Entiendo que han existido algunas inconveniencias y algunas de ellas se han ido solventando.


Respecto a lo que el informe llama oralidad, las inquietudes de los jueces se refieren a capacitación, uso, almacenamiento, custodia y manipulación de equipos de grabación y “CDs”. Estas dudas se reiteran en todo el país por parte de todos los jueces según he podido constatar en mi labor de Seguimiento con la Comisión de Oralidad Penal. Me parece que tanto la capacitación para utilizar esos equipos, así como su uso, almacenamiento, custodia y manipulación de “CDs”, es una tarea de la Administración, quien se ha encargado de recibir los equipos desde que éstos son comprados, luego repartirlos, instalarlos, capacitar a los usuarios y generar directrices sobre ello. Lo que se me ha informado en las visitas de Seguimiento de Oralidad que hago a todo el país, es que la instalación y la capacitación para el uso del equipo de grabaciones ha estado por todo este tiempo a cargo del señor Frank Alvarado, quien es un funcionario muy eficiente. Sin embargo, creo muy necesario que esta tarea sea atendida por más personas, pues lo que se informa es que don Frank no da abasto, lo cual ha generado atrasos en la instalación de equipos y capacitación de los funcionarios. Esto ya había sido solicitado en otras oportunidades. Respecto de la custodia y manipulación de “CDs” creo conveniente que esté a cargo de la Administración, salvo mejor criterio del Consejo.

         Sobre el tema que indica la juez de Casación de Santa Cruz sobre nulidades de algunos juicios debido a problemas con las grabaciones de las audiencias o de los juicios, considero importante hacerlas notar a los órganos técnicos encargados del buen funcionamiento de los equipos, o bien al órgano encargado de la capacitación en el buen uso de esos equipos, según sea el caso.

         Respecto de la creación de protocolos para el uso de equipo técnico, tengo conocimiento que de muy buena voluntad, el Director del Despacho de la Presidencia M.Sc José Luis Calderón recibido mejoras y en materia penal no hemos vuelto a recibir quejas.

         Respecto a los temas relativos a otras materias, al Ministerio Público o a la Defensa Pública, no creo pertinente hacer comentarios por cuanto se le podrá solicitar pronunciamiento a las respectivas oficinas.

         Sobre las mejoras propuestas al Sistema de Gestión, es claro que éste es un instrumento que ha permitido la organización y el registro del trabajo de los Despachos Judiciales. Pero tiene alrededor de ocho altos de funcionamiento, por lo cual resulta normal y muy positivo que se mejore cuando ello sea posible, tal como se ha ido haciendo.

         Dejo así rendido el pronunciamiento que se me solicita, agradeciendo al Consejo Superior el seguimiento que se dé al tema y reiterando la disposición de colaborar en todo lo que sea útil.”

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Se dispuso: Acoger la gestión del Magistrado Arroyo y de conformidad con lo que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conceder permiso con goce de salario y sustitución del 15 de noviembre y hasta el último día laboral del año en curso, al señor Frank Alvarado Céspedes, servidor de la Sección de Telemática, para que se dedique a la atención de los problemas de que dio cuenta el Magistrado Arroyo, para lo cual coordinará con él lo correspondiente.

El Departamento de Personal y la Sección de Telemática, tomarán nota para los fines consiguientes.

ARTÍCULO LXIII


         La señora Kembly Barker Smith, Profesional 1 interina en el Juzgado Penal Juvenil y Familia del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en nota de 31 de octubre último, expuso lo siguiente:

         “1)...hace un año laboro como Intérprete Oficial en el Idioma Inglés en el Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, mi plaza está adscrita al Juzgado Penal Juvenil y de Familia de dicho Circuito, Juzgado en el cual brindo colaboración apoyando en la tramitación en ambas materias.

         2) A raíz de que laboro como intérprete, en ocasiones se me ha solicitado brindar mis servicios en zonas que están fuera del territorio que corresponde a este Circuito, las cuales en su mayoría se deben brindar en zonas que se ubican dentro del territorio que compete al Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por lo cual realizo las siguientes consultas a tan estimable Consejo;

         a) ¿Cuál es la zona territorial en la que me corresponde brindar mis servicios como intérprete, sea Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica o bien Primer y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica?

         b) ¿Me corresponde atender zonas que están ubicadas dentro de otros Circuitos Judiciales? Favor especificar cuáles.

         c) En caso de que deba realizar traducciones en otras zonas ubicadas tanto fuera como dentro del territorio que comprende el Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, favor indicarme cuáles son las facilidades que se me deben brindar para cumplir con mi labor según lo requiera el caso (Transporte institucional, alimentación, hospedaje y pago de transporte en servicio público, sea taxi y/o autobús).

         d) En caso de que deba realizar traducciones en otras zonas ubicadas tanto fuera como dentro del territorio que comprende el Primer Circuito Judicial de  la Zona Atlántica, favor indicarme a cuál le debo dar prioridad.

         Para cualquier consulta o duda me pueden localizar a través de las extensiones 6347 ó 6348, así como vía fax número 2798-02-50.”

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         Se acordó: Aclarar a la señora Kembly Barker Smith, que le corresponde brindar los servicios de interprete en las oficinas del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica y en caso de que se requiera de sus servicios en otro lugar, se le tendrá que hacer el pago de viáticos respectivos y brindarle las facilidades correspondientes.

ARTÍCULO LXIV

         La Corte Plena en sesión N° 34-08 celebrada el 6 de octubre último, artículo XXIII, tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En la en sesión N° 36-2004, celebrada el 8 de noviembre de 2004, artículo XXV, se aprobaron las siguientes pautas para regular los viajes al exterior, cuyo texto literalmente dice:


PAUTAS PARA REGULAR LOS VIAJES AL EXTERIOR


         Deberá existir una estrecha relación entre el motivo del viaje y la naturaleza del cargo que se desempeña (artículo 5°).


         En los viajes de interés institucional, por ejemplo visitas a la contraparte en programas de asistencia financiera o técnica (BID), participación de eventos en Cortes Supremas de Justicia y Consejos Superiores, el Poder Judicial pagará los boletos aéreos y viáticos, entendidos como aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, efectivamente realizados, cuando los funcionarios deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.


         En el caso de viajes de actualización profesional, en temas atinentes a la especialidad de la Sala o interés de la Corte, como congresos mundiales o regionales o cursos monográficos altamente calificados, pagará los boletos aéreos y viáticos.  Se limitará a uno por año, por funcionario, salvo situaciones extraordinarias plenamente justificadas a juicio de la Corte o el Consejo Superior.


         En el supuesto de invitación para participar en congresos, talleres, seminarios o reuniones, sea por parte de una proveedor o potencial proveedor de la Corte, habida cuenta del conflicto de intereses, la Corte asumirá los gastos que puedan generar esa visita, siempre que se demuestre un efectivo interés institucional.  Queda a salvo el supuesto que la invitación esté prevista como obligación del proveedor como parte de la contratación respectiva.

 

         Corresponde al superior, dictar el acuerdo de autorización de los viajes al exterior, así como del adelanto correspondiente, de acuerdo con las tablas incluidas en el Reglamento (artículo 7° párrafo 2° del Reglamento).

 

         3° El funcionario que haya concluido una gira deberá presentar, dentro de los siete días hábiles posteriores al regreso a su sede de trabajo o a su incorporación a éste, el formulario de liquidación de viaje y hacer el reintegro respectivo en los casos en que proceda (artículo 10).  Además, en el mismo plazo, deberá presentar un informe sobre los aspectos más relevantes del viaje y los resultados obtenidos.

 

        
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