Nº 106 -11 consejo superior del poder judicial




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V.- RECOMENDACIONES


Con basen en el análisis realizado se recomienda lo siguiente.


1.- Trasladar en calidad de préstamo una plaza de Técnico Judicial 1 del Juzgado de Tránsito al Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias, ambos del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, para que brinde apoyo en el área de manifestación del segundo.

2.- En esta línea se recomienda prolongar el préstamo, hasta que se identifiquen cambios en la entrada de asuntos del Juzgado de Tránsito, que justifiquen la devolución del recurso.


3.- Bajo el panorama actual, no se recomienda crear un nuevo Juzgado Contravencional en el distrito de Cariari de Pococí y en su lugar se sugiere que los asuntos de este lugar los continúe atendiendo el Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.


4.- Sobre las manifestaciones expresas de la licenciada Chaves Dennis y del licenciado Thomas Daniels, en cuanto a solicitar autorización para el nombramiento de personal meritorio en el Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, se recomienda hacerlas de conocimiento del Consejo Superior para que disponga lo pertinente.


5- Finalmente, se recomienda que lo solicitado por el Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en sesión extraordinaria del 15 de noviembre de 2011, artículo I, respecto de especializar por materias el Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias, así como equiparar la estructura con su homólogo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sea analizado dentro del proceso de formulación presupuestaria 2013, siempre que coincidan con los lineamientos de formulación presupuestaria que Corte Plena defina próximamente.”


- 0 -

En sesión N° 30-11 celebrada el 31 de marzo del año en curso, artículo LXIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“La licenciada Damaris Chaves Dennis, el licenciado César Mata Rodríguez, ambos jueces del Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito de la Zona Atlántica y el licenciado Elbert González Ramírez, en su condición de Representante de los Trabajadores, mediante oficio N° 0002-JCPG-2011 de 11 de marzo del año en curso, expusieron lo siguiente:


“Por su digno medio muy respetuosamente les saludamos y a la vez atentamente hacemos de su estimable conocimiento la situación que prevalece en este despacho, -Juzgado Contravencional y Pensiones de Pococí- Situación que el Consejo de Administración de este Circuito expuso a esa Autoridad Administrativa el pasado, 17 de noviembre del 2010.- Oficio del 09/12/10 N° 1199- CAIICJZA-10


Según el diagnóstico comparativo de las cargas de trabajo con otros despachos que atienden las mismas materias, como se demuestra en el


Cuadro N° 1, Adjunto


Por falta de más personal, este Despacho se ha visto en detrimento en los tiempos de respuesta a las usuarias y usuarios de una materia tan sensible, y el riesgo de poder cumplir con las directrices emanadas por la Institución, dado el incremento de la población de este circuito, que repercute en el volumen de trámite


Cuadro N° 2:


Muestra de Atención por día a usuarias y usuarios, asciende a 250 personas por día en promedio



Promedio

L

K

M

J

V

por día
















250

310

220

230

230

260


Por lo descrito solicitamos muy respetuosamente se valoren a corto plazo las siguientes propuestas:


Alternativa 1


Según los datos estadísticas de los movimientos por materia elaborado por el Departamento de Planificación, para una mejor interpretación de los datos se elaboro el siguiente cuadro.


Cuadro N° 3:


MOVIMIENTO EN MATERIA DE TRÁNSITO







del 2008 al 2010










Año

Activos




Entrados




2008

01/01/08

31/21/08

Total

Por mes
















Tránsito Limón

667

478

3,134

261

Tránsito Guácimo-

389

457

4,265

355































Año

Activos




Entrados




2009

01/01/08

31/21/08

Total

Por mes
















Tránsito Limón

478

460

2,231

186

Tránsito Guácimo-

457

368

2,374

198































Trimestre

Activos




Entrados




2010

01/07/10

30/09/10

Total

Por mes
















Tránsito Limón

480

381

377

126

Tránsito Guácimo-

294

251

363

121































Disminución

Disminución de saldos

Entrados por Mes

de carga trabajo

Entre datos del 2008 al 2010



















Tránsito Limón

28%

20%

52%




Tránsito Guácimo-

24%

45%

66%


































28 % = 1- ( 480 / 667 )
















52 % = 1- ( 126/261 )





En el caso del Juzgado de Tránsito de Guácimo y Pococí, este a visto una disminución de su carga de trabajo del 2008 al tercer trimestre del 2010, en un 66%, ante esta oportunidad de maximizar los recursos disponibles proponemos, para lo que resta del 2011


a-) Que el Juzgado de Tránsito colabore, con la materia de Contravenciones, atendida por este Juzgado Contravención y Pensión Alimentaría


b-) Que se funcionen las materias de transito y Contravención en el Juzgado de Tránsito de Guácimo- Pococí.


c-) Que se trasladen al menos dos técnicos del Juzgado de Tránsito a este Juzgado


d-) Se fusioné los dos Juzgados en uno solo.


De las anteriores propuestas muy respetuosamente les recomendamos la opción B, pues este circuito requiere de una especialización de materia tan sensible como lo es Pensiones Alimentarias, esto en aras de procurar cumplir con la política de cero papel.


NOTA: Esta situación se le comento al Juez que la semana pasada estaba a cargo de ese despacho.


Alternativa 2


Asignar en forma ininterrumpida a en lo que resta del año el apoyo de tres de los cinco técnicos supernumerario y un juez supernumerario, recurso disponible en el circuito.”


-0-

Posteriormente, en oficio Nº 004-JCPA-2011, de 16 de marzo en curso, la licenciada Damaris Chaves Dennis, en su citado carácter, solicitó lo siguiente:


“Por este medio les saludamos y al mismo tiempo solicitamos con todo respeto nos concedan Audiencia en Sesión, cuando se conozca el contenido y el análisis del diagnóstico que se adjuntan a los oficios 002-JCPA-2011 y 003-JCPA-2011, presentados en el tiempo ante la Secretaría de General, los cuales adjuntamos. Lo anterior con el fin de explicar y aclarar la propuesta que estamos ofreciendo en procura de una mejor calidad de servicio al cliente y optimizar de los recursos de nuestro Poder, en apego a lo reglado en la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 77: “Las sesiones del Consejo serán privadas, a menos que por mayoría de los miembros, se acuerde en casos especiales, sesionar públicamente. El Consejo podrá invitar a sus sesiones a las personas que a bien tengan, con el objeto de oír sus criterios, respecto de los asuntos de su competencia”. Le he solicitado al Lic. Elbert González Ramírez Representante de los Trabajadores del II Circuito de la Zona Atlántica, que sea él quien se apersone a dicha sesión, a fin de explicar con detalle la presentación y atienda las consultas que se tengan, dado su conocimiento del tema, y su gran disposición de colaboración, me ha manifestando que él con gusto asiste.”

-0-

En sesión Nº 111-10 celebrada el 21 de diciembre del 2010, artículo LVI, con ocasión de la visita realizada por este Consejo a la jurisdicción del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica el 17 de noviembre del 2010, y como resultado, se tomó una serie de medidas que constan en la sesión Nº 105-10 del 30 de noviembre de ese año, artículo XXX y en razón de que dicho informe contenía puntos que no fueron analizados ni resueltos, se remitió el citado acuerdo al Departamento de Planificación para que considerara la información remitida y rindiera el correspondiente informe.


Posteriormente, en sesión Nº 20-11 de 8 de marzo en curso, artículo XXXVIII, se tomó nota del informe rendido por el Departamento de Planificación trasladado por este Consejo para su análisis de la información presentada por el Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, dicho despacho tomó nota de la citada información e indicaron que el mismo se retomaría en el segundo semestre del presente año, en virtud de que la mayoría del personal esta involucrado en el proceso presupuestario del 2012; indicando que dicho informe sería de carácter integral y se estarían entregando avances por áreas temáticas, donde se analizará –entre otros aspectos- la información remitida por el Consejo de Administración del citado Circuito Judicial.


Previamente a resolver lo que corresponda; se acordó: Solicitar al Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito de la Zona Atlántica y al Departamento de Planificación, un informe sobre lo manifestado por la licenciada Damaris Chaves Dennis y el licenciado César Mata Rodríguez.”

- 0 -

En sesión Nº 96-10 celebrada el 28 de octubre del año en curso, artículo XLII, al conocerse la gestión presentada por la licenciada Damaris Chaves Dennis, el licenciado César Mata Rodríguez, Jueza Coordinadora y Juez respectivamente del Juzgado de Pensiones Alimentarias y Contravencional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, así como el licenciado Elbert González Ramírez, Representante de los Trabajadores, en lo que interesa, se dispuso que en lo que se refería al requerimiento de crear un Juzgado en el distrito de Cariari, trasladar la solicitud al Departamento de Planificación para su análisis e informe.

Posteriormente, en sesión Nº 30-11 del 31 de marzo del año en curso, artículo LXIII, se conoció oficio Nº 0002-JCPG-2011 de 11 de marzo del año en curso, suscrito por la licenciada Damaris Chaves Dennis, el licenciado César Mata Rodríguez, ambos jueces del Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito de la Zona Atlántica y el licenciado Elbert González Ramírez, en su condición de Representante de los Trabajadores, referente a la situación de carga de trabajo que prevalece en el Juzgado Contravencional y Pensiones del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, e hicieron una serie de propuestas al respecto en las que se involucraba al Juzgado de Tránsito de ese Circuito. A esos efectos, previamente a resolver lo que correspondiera; se solicitó, entre otro, al Departamento de Planificación, un informe sobre lo manifestado por la licenciada Chaves Dennis y el licenciado Mata Rodríguez.

Se acordó: 1) Tener por recibido el informe Nº 1380-PLA-2011 del Departamento de Planificación referente al análisis de las “posibles medidas para atender la carga de trabajo del Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica ”, que fueron propuestas por la licenciada Damaris Chaves Dennis, el licenciado César Mata Rodríguez, ambos jueces del Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias, así como el licenciado Elbert González Ramírez, en su condición de Representante de los Trabajadores del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica. 2) Acoger las recomendaciones que contiene, por consiguiente: a) Se Trasladará en calidad de préstamo, una plaza de Técnico Judicial 1 del Juzgado de Tránsito al Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias, ambos del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, para que brinde apoyo en el área de manifestación, mientras persista la situación de cargas de trabajo del Juzgado de Tránsito. b) Informar al Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias y al Consejo de Administración, ambos del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, que por el momento no se recomienda crear un nuevo Juzgado Contravencional en el Distrito de Cariari de Pococí; por lo tanto, los asuntos de dicha zona los continuará atendiendo el Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Respecto a la solicitud de especializar por materias el Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias, será analizado por el Departamento de Planificación dentro del proceso de formulación presupuestaria 2013, siempre y cuando coincidan con los lineamientos de formulación presupuestaria que Corte Plena defina próximamente. c) Autorizar al Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, el nombramiento de personal meritorio, en las condiciones establecidas en el artículo 139 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, además deberán observar las directrices emitidas en las circulares 99-97 y 58-2011 referente a la imposibilidad de nombrar, incluso como meritorio, a quienes no sean de nacionalidad costarricense; así como, el no delegar en el personal meritorio la atención al público, a no ser que cuenten con la experiencia y la capacitación suficiente para evacuar las consultas que les realicen. d) El Departamento de Planificación deberá evaluar al finalizar el primer semestre del 2012, la situación de carga de trabajo del Juzgado de Tránsito y el Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a efecto de analizar su capacidad de respuesta y necesidad de recurso humano, con el fin de garantizarle a los (as) usuarios (as) un servicio oportuno y de calidad. e) El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

ARTÍCULO XLIV

Documento 9231-11

I.- En sesión celebrada por este Consejo el 12 de agosto del dos mil ocho, artículo LIV, se conoció de lo resuelto por la Sala Constitucional , según oficio del treinta de julio del dos mil once, que literalmente dice: "Por medio de la presente me permito comunicarles, para los fines correspondientes, que en el RECURSO DE AMPARO número 08-007841-0007-CO promovido por CARLOS JOSE BRESCIANI QUIROS, contra CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL, DIRECCION EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL, se ha dictado el voto número 2008011744 de las doce horas y diecisiete minutos del veinticinco de julio del dos mil ocho, cuya parte dispositiva, literalmente dice: «Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso únicamente por violación al derecho fundamental a la justicia administrativa pronta y cumplida y al derecho de defensa por omisión de resolver un agravio planteado oportunamente por el recurrente en cuanto a los plazos en que se tramitó el procedimiento administrativo incoado en su contra, entendiéndose por desestimado en todo lo demás. Se ANULA la resolución número 181-2008 emitida por Consejo Superior del Poder Judicial en sesión celebrada el 4 de marzo de 2008, artículo LXXXV, en la cual dispuso confirmar en todos sus extremos la resolución dictada por la Dirección Ejecutiva , que impuso al amparado la sanción administrativa de tres meses de exclusión de la Lista Oficial de Peritos. Se condena al ESTADO al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a ALFONSO CHAVES RAMÍREZ o a quien en su lugar ocupe el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL, en forma personal COMUNÍQUESE."

II-. Este Consejo en sesión celebrada el 30 de setiembre del dos mil ocho, artículo LXXVII, dispuso reservar el conocimiento de la apelación planteada por el señor Carlos Bresciani Quirós contra la resolución N°3881-07 de las catorce horas del veintisiete de noviembre del dos mil siete, hasta tanto la Sala Constitucional resolviera la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 29,30, 32 y 33 del Reglamento para Regular la Función de los Ejecutores y Peritos en el Poder Judicial.

III.- En sesión de este Colegio del cinco de julio del dos mil once, artículo XIII,  se tomó nota sobre la notificación de la resolución dictada por la Sala Constitucional Nº 2010-14796, dentro del expediente N° 08-006565-0007-CO, en la que se declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Francisco Villarreal Montoya, contra los artículos 29, 30, 32 y 33 del “Reglamento de peritajes” o “Reglamento para regular la función de los ejecutores y peritos en el Poder Judicial” y contra el párrafo 3° de la Circular N ° 36-2006 de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial de 14 de junio del 2006.

IV.- Conforme lo dispuesto por la Sala Constitucional se entra nuevamente a conocer en alzada la resolución dictada por la Dirección Ejecutiva N° 3881-07  de las catorce horas del veintisiete de noviembre del dos mil siete, contra el señor Carlos Bresciani Quirós, en la cual se declaró con lugar la queja seguida en su contra y se le impuso la sanción de exclusión de la lista de peritos del Poder Judicial por un período de tres meses.-  Inconforme con  lo resuelto por la Dirección Ejecutiva, el recurrente manifiesta que no se acredita que haya sido debidamente notificado de la designación en el cargo de perito en el proceso mencionado, por cuanto para los días de esa designación cambió de oficina, de números telefónicos y de fax, por lo que, pese que fue diligente en avisar oportunamente a la Dirección Ejecutiva y otros despachos judiciales de la variante, le seguían notificando en los números anteriores, con las graves consecuencias que se conocen.  Además señala, que en la tramitación del procedimiento se violan normas que acarrean nulidad, en tanto la prueba que resultó necesaria para el descubrimiento de la verdad real, se recibió fuera del plazo que establece el numeral 203 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para esos efectos, así como que la sentencia apelada se dictó fuera del plazo de los cinco días hábiles confiere el artículo 206 de la citada Ley.

V.- Respecto al primero de los agravios esbozados por el señor Bresciani Quirós, este Consejo estima que no son de recibo, en tanto del estudio del expediente se constata con claridad, que el recurrente fue debidamente notificado de su designación como perito dentro del procedimiento N° 06-000032-0164-CI, al lugar señalado para esos efectos, tal y como se desprende de folios 7, 15, 17 y 18.  En cuanto a los plazos advertidos en la defensa incoada, debe señalarse que el artículo 32 del Reglamento para Regular la Función de los Ejecutores y Peritos en el Poder Judicial señala que: “Las denuncias por las faltas que se aduzcan cometidas por los Peritos serán investigadas conforme al debido proceso administrativo. A tal efecto se le dará al Perito el traslado de cargos por el plazo de cinco días a fin de que ejerza el derecho de defensa. Según la gravedad de la falta y la reincidencia, se impondrá al Perito la escala de sanciones prevista en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial compatibles a su cargo, sea las sanciones de: a) advertencia, b) amonestación escrita, c) expulsión temporal por seis meses y d) exclusión de la Lista Oficial de Peritos. Para la imposición de las sanciones, a falta de regla expresa, se aplicará la Ley General de la Administración Pública y en lo que fuere compatible con la índole de estos asuntos y su tramitación sumaria conforme lo prevé el ordinal 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.” (el resaltado no corresponde al original).   Es claro que los peritos no son servidores judiciales y  el artículo 32 del reglamento citado remite en primera instancia  a la Ley  General de Administración Pública para la imposición de sanciones, por lo que se deben aplicar lo señalado en  su  numeral 325   para definir los plazos que regulan la materia,  en el entendido que su aplicación debe hacerse según los parámetros que ha señalado la Sala Constitucional en sentencia 2005-06208 de  las quince horas del veinticinco de mayo del dos mil cinco, al indicar que " …Es lógico y sensato que no puede haber una justicia administrativa inmediata, puesto que, la administración pública y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada la respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y apegada a la verdad real de los hechos que constituyen el motivo del acto final. (…) Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas."   Por su parte, aunque el artículo 329 párrafo tercero de ese mismo cuerpo de normas, establece que los actos finales que recaigan fuera del plazo, serán válidos para todo efecto legal, salvo disposición expresa en contrario, debe entenderse  su aplicación a partir de un margen de tolerancia en que transcurre un tiempo sin que se emitan tales actos finales, de manera que si la Administración cuenta con motivos que permitan justificar el transcurso del tiempo sin que se dicte una resolución que ponga fin al procedimiento, aquella resolución dictada fuera de plazo, en realidad resulta conforme a Derecho, justamente por estar ante situaciones debidamente justificadas que deberán ser valoradas en cada caso concreto.  Por tanto, es permisible afirmar que, pese al plazo que establece el artículo 325 de comentario, éste puede ampliarse, siempre y cuando se constituya en un plazo prudencial para la debida tramitación procesal, y en el que se verifique además que no mediaron dilaciones indebidas, como lo sería la inactividad procesal injustificada. La sociedad debe establecer “reglas claras para los negocios jurídicos, de manera que se desarrollen en un marco de certeza y seguridad jurídica para todos los agentes participantes, sin dejar temas o asuntos pendientes hacia la eternidad (Derecho del Trabajo. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 7ª. Ed., p. 367 s.s.). En el caso concreto, al aplicar los plazos y procedimientos definidos en el Ley General de la Administración Pública y bajo los parámetros reconocidos constitucionalmente, se observa a folio 51 que la audiencia final fue dictada por el Órgano Director el ocho de junio del dos mil siete, resolución que fue notificada el once de junio del mismo año (folio 52). Contados los tres días de plazo otorgados para hacer los alegatos finales, se tiene que a partir del dieciocho de junio la Dirección estaba en capacidad de dictar el acto final y no fue sino hasta el veintisiete de noviembre del dos mil siete (folio 56)  que se dictó la resolución respectiva, sea más de cinco meses después, sin que conste diligencia alguna que justifique este periodo de tiempo sin acción procesal alguna,  lesionando así el derecho a una justicia pronta y cumplida, toda vez que ese período representa una inactividad procesal injustificada o dilación indebida. En consecuencia, con vista en la sentencia de la Sala Constitucional citada y en el caso concreto, procede la aplicación de la prescripción solicitada, ya que no se justifica el tiempo transcurrido (más de cinco meses) sin que la Dirección Ejecutiva dictara el acto final.    

Se acuerda: Acoger la prescripción planteada por el señor Carlos Bresciani Quirós y ordenar el archivo de este procedimiento.

La Dirección Ejecutiva tomará nota para los fines consiguientes.

ARTÍCULO XLV

DOCUMENTO N° 12703-11, 12750-11

La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, por medio de oficio N° 1479-PLA-2011, del 16 de diciembre en curso, remitió el informe N° 100-DO-2011, de esa misma fecha, suscrito por el máster Randall Quirós Soto, Jefe de la Sección de Desarrollo Organizacional, relacionado con la revisión de la conformación de los Tribunales Penales del país para el próximo año, que también hace referencia a las plazas de Juez y Técnico Judicial del Programa de Flagrancias que se encuentran en calidad de préstamo en diferentes Tribunales y Juzgados del país.

El referido informe literalmente reza:

“Mediante correo electrónico del 13 de octubre pasado la Integrante del Consejo Superior, Licda. Milena Conejo Aguilar, expresó la necesidad de revisar la conformación de los Tribunales Penales del país para el próximo año, con base en los recursos contenidos en el Presupuesto del Poder Judicial para el 2012, con el fin de determinar cuáles de ellos requerirán o no de algún refuerzo para no afectar su normal funcionamiento.


Posteriormente, en sesión Nº 96-11 del 15 de noviembre de este año, artículo XXXIV, el Consejo Superior dispuso “…solicitar al Departamento de Planificación que en el término de 15 días contados a partir de la comunicación de este acuerdo, presente a este Consejo un informe generalizado en cuanto a las integraciones de los Tribunales Penales del país, así como un diagnóstico integral sobre el personal profesional a ellos asignado y su situación para el 2012 en cuanto a las cargas de trabajo”.


Al respecto le remito el informe elaborado por el Lic. Minor Anchía Vargas, Profesional 2 de la Sección de Desarrollo Organizacional.

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