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No. de registro: 20729

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVII, Febrero de 2008

Página: 59


CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia civil, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:

a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

b) El procurador general de la República.

c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.

En la especie, la presente denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que sustenta uno de los criterios posiblemente contradictorios, lo que reitera su legitimación para tales efectos.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los Magistrados Neófito López Ramos, Benito Alva Zenteno y Víctor Francisco Mota Cienfuegos, al resolver por unanimidad de votos, el DC. 379/2006, en sesión de diecisiete de agosto de dos mil seis, estableció, en lo que se refiere al tema planteado en la contradicción de tesis, lo siguiente:

"En efecto, debe tenerse en cuenta que la figura jurídica de los alimentos está integrada por diversos conceptos, todos ellos necesarios para la subsistencia de los acreedores alimentarios y, en el caso de los menores, para su adecuado desarrollo y preparación que les permita, en su momento, procurarse a sí mismos esos satisfactores. Así, se desprende del artículo 308 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece: ‘Artículo 308. Los alimentos comprenden: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declaradas en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia.’. Aún más, los diferentes elementos comprendidos en la institución de los alimentos, no se limitan a obtener una precaria supervivencia o a la satisfacción de las más ingentes necesidades del acreedor alimentario, sino que deben ser bastantes para solventar una vida decorosa a dicho acreedor, atendiendo a las circunstancias personales, familiares y sociales del mismo, determinadas por su entorno inmediato. De esa manera, la pensión alimenticia no debe ser fijada con base en criterios puramente matemáticos, sino que debe atenderse a la necesidad del acreedor y a las posibilidades del deudor, así como al entorno social en que se desenvuelvan dichas partes. De esa manera se desprende, primeramente, del artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone: ‘Artículo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.’. Igualmente, ello resulta del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 44/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: ‘ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).’ (se transcribe). Conforme a esa tesis jurisprudencial, cuya aplicación es obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, el punto relevante para establecer el monto de los alimentos consiste en que éstos permitan esa vida decorosa a que se refiere la jurisprudencia, conforme al estatus (adaptación gráfica en español del anglicismo status utilizado en el texto de la jurisprudencia) en que se han desenvuelto el acreedor y el deudor alimentarios, esto es, que si el nivel de vida ha sido alto, por permitirlo un ingreso elevado del acreedor, deberá tomarse como punto de partida esa situación particular, y si, por el contrario, ha sido menor el nivel de vida, contándose con satisfactores inferiores a los que permiten los ingresos de cuantías mayores, el órgano jurisdiccional debe partir de esa concreta situación. Esa referencia al nivel de vida o estatus que es necesario ponderar a la par que el binomio necesidad-posibilidad, para establecer el monto de una pensión genérica por concepto de alimentos, tiene especial relevancia para fijar ese quantum tratándose del supuesto en que no son comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, pero ya no sólo en virtud de la interpretación judicial invocada, sino porque existe una norma que lo dispone así expresamente, a saber, el artículo 311 Ter del Código Civil para el Distrito Federal: ‘Artículo 311 Ter. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el Juez de lo familiar resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años.’. Tal precepto establece el criterio objetivo a seguir por el órgano jurisdiccional en caso de que el salario o los ingresos del deudor alimentario no sean susceptibles de comprobarse, esto es, el análisis de la capacidad económica y nivel de vida del propio deudor y de sus acreedores alimentarios, durante un lapso limitado. Ante esa regla específica, carece de sustento la aplicación de una solución diversa basada, ciertamente, en la lógica y la razón, como la de establecer la cuantía tomando como parámetro el salario mínimo general, pero que, dada la existencia de la disposición legal de que se trata, resulta una decisión contra legem. Se añade a lo anterior, el hecho de que el salario mínimo general se traduce en una cantidad líquida, esto es, la fijada en función de una determinación de carácter administrativo del órgano tripartita facultado para ello (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos), que puede o no ajustarse a la realidad social, a pesar del imperativo de que sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en los órdenes material, social y cultural, previsto en la fracción VI del apartado A del artículo 123 constitucional: ‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. ...’. La realidad social, de suyo cambiante, puede exigir en una situación histórica determinada que las necesidades a que se refiere el precepto constitucional deban satisfacerse con una cantidad mayor a la acordada por la mencionada comisión nacional, por lo que restringir al salario mínimo general el monto de la pensión alimenticia puede resultar en perjuicio de los acreedores alimentarios, y si en una época diversa llegara a exceder esa percepción salarial las necesidades familiares, pudiera ocurrir que el deudor fuera obligado a entregar una suma mayor a la que, en función de la fórmula dual (capacidad-necesidad) aplicable para fijar los alimentos, debiera cubrir. En tal virtud, la pensión de alimentos basada en el salario mínimo general pertenece al género de las que se apoyan en una cantidad líquida y, por consiguiente, comparte la problemática propia de ellas, a saber, la posible falta de correspondencia con las capacidades y necesidades reales, así como la permanencia de un monto fijo, cuyos aumentos sólo pueden partir del mismo, lo cual origina, a su vez, la promoción de nuevos procedimientos judiciales encaminados a disminuir o incrementar la pensión, según sea el caso; sin embargo, existe una diferencia específica en el caso del salario mínimo general, consistente en que puede aumentar con base en la decisión de la comisión respectiva, con lo que, en principio, pudiera estimarse que se salva la cuestión atinente al reclamo futuro de incrementos, aunque, si se reflexiona más a fondo, se advertirá que conforme al mencionado entorno social, que es un hecho notorio para todo juzgador por estar inmerso en aquél, es muy probable que el aumento de referencia sea insuficiente para satisfacer las necesidades alimenticias. Por ende, la aparente solución del previsible conflicto derivado de nuevos reclamos judiciales de incremento de pensión, no llega a constituir un remedio real para la situación descrita. Lo anterior, lleva a colegir que la forma idónea de cuantificar una pensión alimenticia es a través de un porcentaje sobre los ingresos del deudor, ya que con ello se atiende a los elementos reales de capacidad y necesidad, beneficiando, además, a ambas partes, al hacer innecesaria la promoción de nuevas controversias de incremento o disminución de los alimentos, con el consiguiente ahorro de tiempo, gastos y trámites, y se cumple a cabalidad con la plena administración de justicia al establecer en una sola oportunidad el quantum que deberá regir en lo sucesivo. Así es, porque puede suceder que el deudor perciba una cantidad menor o igual a un salario mínimo general, en cuyo caso le será materialmente imposible cumplir con el débito alimentario fijado en el equivalente a esa remuneración, tanto por insuficiencia, en el primer supuesto, o por significar, en la segunda hipótesis, el traslado de todo su ingreso a los acreedores sin reservar nada para sí, con el peligro para la propia subsistencia que ello entraña; por el contrario, si el deudor tiene un ingreso efectivo considerablemente mayor al salario mínimo general, la fijación de la pensión con base en este último será en detrimento de los acreedores. En cambio, al fijarse la pensión en un porcentaje de los ingresos se evita la inequidad que para una y otra parte representan las situaciones descritas, dado que se ajustará a la real capacidad del deudor, y en la medida que se incremente o decrezca esa posibilidad económica de cumplir la obligación alimenticia recibirán una mayor o menor suma de dinero los acreedores, según sea el caso, efecto que se generará al aplicar el mismo porcentaje a una cantidad superior o inferior, circunstancia que permite satisfacer un segundo objetivo, esto es, evitar la sustanciación innecesaria de posteriores reclamos de incremento y disminución de pensiones, por lo que acudir por única vez ante los tribunales es suficiente para los gobernados, consiguiéndose de esa manera el ulterior, aunque no menos importante, propósito de obtener una justicia completa, pronta y expedita. A la conveniencia de fijar la pensión alimenticia en forma porcentual, sustentada en las consideraciones precedentes, se ha referido este Tribunal Colegiado en el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, página 207, que se reitera, por apoyar y complementar lo aquí expuesto, y señala: ‘ALIMENTOS. CONVENIENCIA DE LA FIJACIÓN DE LOS, CUANDO SE ESTABLECE UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS DEL DEUDOR.’ (se transcribe). Tanto ese criterio de interpretación judicial, como las consideraciones formuladas en los párrafos precedentes, encuentran plena correspondencia con diversos criterios sustentados por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los que destacan aquellos que tienen los datos de localización, rubros y textos siguientes: Localización: Séptima Época, Instancia Tercera Sala Fuente Semanario Judicial de la Federación 127-132, Cuarta Parte, página 29, tesis aislada, Materia(s) Civil. Rubro: ‘ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’ (se transcribe). Localización: Séptima Época, Instancia Tercera Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación 82 Cuarta Parte, página 15, tesis aislada, Materia(s): Civil. Rubro: ‘ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE.’ (se transcribe). Localización Séptima Época, Instancia Tercera Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación, 33 Cuarta Parte, página 15, tesis aislada, Materia(s): Civil. Rubro: ‘ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE.’ (se transcribe). Localización: Séptima Época, Instancia Tercera Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación, 27, Cuarta Parte, página 38 tesis aislada Materia(s): Civil. Rubro: ‘ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE.’ (se transcribe). Localización Séptima Época, Instancia Tercera Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, página 21, tesis aislada Materia(s): Civil. Rubro: ‘ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE.’ (se transcribe). No obsta en contrario, el hecho de que la Sala responsable se haya apoyado en el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.11o.C.53 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de dos mil tres, página 1674, que es del tenor siguiente: ‘ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN CUANDO SE DESCONOCEN O NO SE ENCUENTRAN COMPROBADOS LOS INGRESOS DEL DEUDOR.’ (se transcribe). Lo anterior, dado que, por las razones vertidas en esta ejecutoria y, fundamentalmente, por existir la concreta disposición legal aplicable que establece el criterio objetivo a seguir en el supuesto de falta de comprobación de ingresos, la tesis arriba citada no es compartida por este Tribunal Colegiado. De ahí que, al suscitarse tesis contradictorias entre dos Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo en materia civil, procede denunciarla ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto del presidente de este órgano colegiado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo previsto en el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Efectuada esa precisión sobre la discordancia de criterios, debe señalarse que al estar previsto por el legislador el modo de proceder para el supuesto de falta de comprobación de ingresos, partiendo de la capacidad económica y nivel de vida antes indicados, es necesario que el juzgador, ya sea de primer o segundo grado, verifique si los elementos probatorios indispensables para determinar los extremos de que se trata obran en las constancias procesales, y de no ser así, se allegue de los mismos, tanto por encontrarse implícita esa atribución al establecerse la mencionada forma de resolver en la hipótesis de referencia, como por contar con las facultades previstas en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los términos siguientes: ‘Artículo 940. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella la base de la integración de la sociedad.’. ‘Artículo 941. El Juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento.’. Conforme a esos preceptos, es dable para el órgano judicial en materia familiar, tratándose de los alimentos para menores, actuar oficiosamente recabando pruebas para fijar el monto de la pensión alimenticia. Así, lo ha estimado, en una interpretación sistemática de ambos dispositivos legales, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, en la tesis I.3o.C.283 C, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de dos mil dos, página 758, que se reitera y establece: ‘ALIMENTOS PARA MENORES. CUANDO NO SE ALLEGARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES AL JUICIO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE ESE DERECHO O FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO, EL JUZGADOR DEBE SUPLIR, INCLUSO, LA FALTA DE RECLAMACIÓN DE ESE DERECHO Y LOS ARGUMENTOS QUE TIENDAN A CONSTITUIRLO, ASÍ COMO RECABAR LAS PRUEBAS NECESARIAS AL RESPECTO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe)."
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta iconFuente: Gaceta Digital de la Imprenta Nacional Gaceta N°180 de martes 18-9-12

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