Superintendencia nacional de salud




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LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE REGIMEN SUBSIDIADO Y SU CADUCIDAD









Referenciado:

1-2011-053704



Respetada Doctora Ingry Villamizar:


Con relación al asunto de la referencia, esta Oficina Asesora Jurídica dentro de la órbita de su competencia en términos generales le manifiesta:

Los contratos de Régimen Subsidiado, tenían por objeto el aseguramiento en salud de la población beneficiaria con el fin de que las EPSS garantizaran a los afiliados la prestación de los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Los contratos suscritos entre las Entidades Territoriales y las EPSS no eran contratos de prestación de servicios de salud.


Este contrato se regía por el derecho privado y debía detallar todas y cada una de las fuentes de financiación del Régimen Subsidiado, y como mínimo la información que determinaba el Ministerio de la Protección Social. Sin perjuicio de la aplicación de las normas presupuestales vigentes para el efecto, conforme a lo establecido por el numeral 2º del artículo 216 de la Ley 100 de 1993, el inciso 2º del artículo 29 del Acuerdo 77 del CNSSS, el inciso 3º del artículo 45 del Acuerdo 244 del CNSSS y hoy en el inciso 2º del artículo 52 del Acuerdo 415 del CNSSS.


Ahora bien, es importante señalar que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con respecto al régimen de contratación de las empresas sociales del Estado, situación igualmente aplicable al régimen de contratación entre el ente territorial y las ARS hoy EPSS, manifestó en concepto con Rad. 1263 del 14 de enero de 2000, lo siguiente:

De esta manera, al disponer la Ley 100 de 1993 en el numeral 6 del artículo 195, la utilización discrecional de cláusulas excepcionales, excluyó la aplicación general y común de las normas de la Ley 80. El régimen de derecho privado de la contratación propio de las demás entidades estatales, aparece consagrado en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual " los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.

En consecuencia, por voluntad del legislador, ni los principios de la contratación estatal, ni normas distintas a las que regulan las cláusulas exorbitantes, deben aplicarse obligatoriamente por las empresas sociales del Estado. Es forzoso concluir entonces, que el régimen de contratación de estas empresas es de derecho privado, con aplicación excepcional de las cláusulas mencionadas.

La Sala reitera esta posición doctrinaria vertida en la Consulta No 1.127 del 20 de agosto de 1998, según la cual:

Por regla general, en materia de contratación las empresas sociales del Estado se rigen por las normas ordinarias de derecho comercial o civil. En el caso de que discrecionalmente, dichas empresas hayan incluido cláusulas excepcionales, estas se regirán por las disposiciones de la Ley 80 de 1993. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el derecho privado"

Así las cosas y frente a la contratación que el ente territorial celebraba con las ARS hoy EPSS, se tiene que ésta se regulaba por el derecho privado y si en la misma se incluían cláusulas excepcionales, solamente a éstas le serían aplicables las normas del derecho público.

Es importante mencionar que las normas legales, sobre los contratos de Régimen Subsidiado era reglada y se encontraba señalada en el artículo 216 de la Ley 100 de 1993, en los diferentes Decretos Reglamentarios, los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y la Ley 715 de 2001; es así, como el legislador respecto de su liquidación previó, que está debía realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento.(Circular Externa Conjunta Nº 018 MS – 074 SNS de junio 30 de 1998 y artículo 50 del Decreto 050 de 2003)


En materia de liquidación de los contratos de régimen subsidiado, la Circular Externa Conjunta Nº 018 MS – 074 SNS de junio 30 de 1998, señalaba los criterios y parámetros sobre los cuales debía efectuarse su liquidación. Para tal efecto, debía tenerse en cuenta que estos contratos se regían por el derecho privado, eran de tracto sucesivo, es decir, que sus obligaciones se prolongaban en el tiempo durante todo el plazo de ejecución del contrato y su liquidación tenía que realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a su vencimiento.


La liquidación de los contratos, es consecuencia directa de su terminación y, en este orden de ideas, era necesario liquidarlos en principio de manera bilateral o, en su defecto, acudiendo ante la jurisdicción ordinaria para el efecto.


Igualmente, el Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social, retomó lo señalado en la Circular en comento, impartiendo a través de la Circular Externa No. 009 de 1999 instrucciones sobre la liquidación de los contratos del régimen subsidiado entre las Entidades Territoriales y las Administradoras del Régimen Subsidiado, hoy Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado.


En la parte considerativa, dicho reglamento legal estableció el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para proceder a liquidar los contratos del régimen subsidiado, disponiendo que:


Las entidades territoriales deberán proceder a la liquidación de los contratos de régimen subsidiado de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. El tiempo para realizar este proceso es de 4 meses contados a partir de su vencimiento. Las entidades territoriales y Administradoras del Régimen Subsidiado, deberán suscribir un acta de liquidación, por cada contrato efectuado, la cual será firmada por las partes intervinientes.

Teniendo en cuenta que en los contratos del régimen subsidiado, se comprometen recursos de carácter público destinados a la prestación de un servicio público esencial y fundamental y cuya ejecución se prolonga en el tiempo, se requiere que las entidades territoriales y Administradoras del Régimen Subsidiado realicen el proceso en el menor tiempo posible y verifiquen que se haya dado estricto cumplimiento a todas las obligaciones de las partes. Es deber de las entidades territoriales velar por la buena utilización de estos recursos y en consecuencia, las Administradoras del Régimen Subsidiado deberán reintegrar los recursos no ejecutados, con el fin de que puedan reutilizarse para el cumplimiento de los mismos fines.”


Cabe precisar que, de conformidad con lo previsto en la Ley 715 de 2001, correspondía a los municipios en ejercicio de la función de dirección y coordinación del sector salud de su región, la celebración de los contratos de aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable, así como la de realizar el seguimiento y control directamente o por medio de interventorías y la liquidación de los mismos.


Aunado a lo anterior, el artículo 50 del Decreto 050 de 2003, señalaba en materia de liquidación de los contratos del régimen subsidiado, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley 100 de 1993, los contratos de aseguramiento y de administración del régimen subsidiado suscrito entre las entidades territoriales y las Administradoras del Régimen Subsidiado hoy EPSS se regían por el Derecho Privado, pudiendo contener cláusulas exorbitantes y/o excepcionales propias del régimen del derecho público, entendidas estás, como los medios que pueden utilizar las entidades estatales para lograr el cumplimiento del objeto contractual y cuyo ejercicio se encontraba determinado por causales específicas y solamente a éstas le eran aplicables las normas del derecho público.


En el evento que no se pactara cláusula de liquidación, todo contrato de administración de régimen subsidiado suscrito entre las entidades territoriales y las Administradoras del Régimen, hoy EPSS debía ser objeto de aclaración y pago de los saldos pendientes a su favor o en contra, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación.


Si vencido este término, no se había efectuado por mutuo acuerdo, la aclaración y pago de los saldos pendientes a favor o en contra, la entidad territorial procedía a realizarla dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de este término.


De lo anterior, se colige que era obligación de las partes del contrato (Entidades Territoriales y Entidades Promotoras del Régimen Subsidiado) proceder a liquidar los contratos que hayan celebrado para la operación del régimen subsidiado dentro de los plazos aquí dispuestos para adelantar dicha liquidación, normas que eran de obligatorio cumplimiento para las partes contractuales.


Aunado a lo anterior, el Acuerdo 415 de 2009 del CNSSS, en su artículo 68 previó que "al finalizar la vigencia contractual, se efectuará una revisión integral de la ejecución del contrato para efectos de determinar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las EPS-S y la ejecución de recursos.


La liquidación del contrato deberá efectuarse a más tardar cuatro (4) meses finalizado el período contractual. Las Entidades Territoriales responsables de la operación del Régimen Subsidiado que no se encuentren en cobertura superior, no podrán acceder a recursos de ampliación de cobertura sin cumplir este requisito.


Si en el proceso de liquidación de contratos se encuentren recursos excedentes correspondientes a la cofinanciación del Fondo de Solidaridad y Garantía “Fosyga”, luego de agotar las demás fuentes de financiación del Régimen Subsidiado, deberán destinarse para garantizar la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado de la siguiente vigencia contractual, sin que tal destinación constituya sustitución de ninguna fuente de financiamiento.


PARÁGRAFO. Respecto de los contratos para el aseguramiento suscritos entre las EPS-S y las Entidades Territoriales responsables de la operación del Régimen Subsidiado, previos a la vigencia de contratación que inicia el 1o de octubre de 2009, se aplicarán los criterios auxiliares presentados en el artículo 90 del presente Acuerdo."


Con la entrada en vigencia de la Ley 1438 de 2011 en el parágrafo transitorio 1 y 2 del artículo 31 se dispuso lo siguiente:


PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. Los Gobernadores o alcaldes y las Entidades Promotoras de Salud procederán en el término de tres (3) meses calendario contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, a liquidar de mutuo acuerdo los contratos suscritos con anterioridad al 1° de abril de 2010. De no realizarse la liquidación dentro de los términos establecidos, la entidad territorial con base en sus soportes y los de la Entidad Promotora de Salud, si los tiene, procederá a liquidación unilateral dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al vencimiento del término descrito en el presente artículo.


El incumplimiento de estos términos conllevará el reporte a los organismos de control y a las respectivas sanciones disciplinarias, y el monto del contrato será la cuantía de referencia con la cual se determinará la responsabilidad fiscal del agente del Estado. Del incumplimiento se informará a los organismos de control y vigilancia correspondientes.


PARÁGRAFO TRANSITORIO 2. DEUDAS POR CONCEPTO DE CONTRATOS LIQUIDADOS. El monto a favor de la Entidad Promotora de Salud contenido en el acta de liquidación de mutuo acuerdo de los contratos de administración del Régimen Subsidiado o en el acto de liquidación unilateral vigente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y los que surjan del cumplimiento de la misma, debe ser girado a la Entidad Promotora de Salud, por la Entidad Territorial, dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de la presente ley, giro que se realizará directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el caso en que las Entidades Promotoras de Salud les adeude recursos, el monto restante, si hubiere lugar a ello, se girara a la Empresa Promotora de Salud dentro del mismo plazo.


Los saldos que queden a favor del ente territorial, serán girados por la Entidad Promotora de Salud a las cuentas maestras dentro del mismo término.


En el evento que las entidades territoriales no paguen las deudas por contratos liquidados, el Gobierno Nacional en aras de salvaguardar la sostenibilidad del Sistema y la garantía de acceso a los afiliados, descontará de los recursos asignados a ese municipio por regalías, por el Fondo de Ahorro y Estabilización Pretolera (FAEP) u otras fuentes municipales que se dispongan en el nivel nacional, los montos adeudados y serán girados a las Entidades Promotoras de Salud respectivas en los términos establecidos en el presente artículo. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento para tal fin exigiendo para ello las actas de liquidación donde consten los recursos recaudados.” (Negrilla y subrayado fuera de texto)


Con base en las normas transcritas tenemos que las Entidades Territoriales y las Entidades Promotoras de Salud, dentro de los tres (3) meses calendario contados a partir de la vigencia de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 deben proceder a liquidar los contratos suscritos con anterioridad al 1 de abril de 2011 de mutuo acuerdo, vencido dicho término sin lograr la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, la entidad territorial procederá a su liquidación unilateral.


Una vez efectuada la liquidación y si se establece la existencia de recursos a favor de la EPS S, la entidad territorial procede a cancelar los montos a la EPS S o realizar el giro directo a las IPS en el evento que la EPSS le adeude a la IPS recursos para el periodo contractual liquidado.


Ahora bien, y de otra parte dado que en dichos contratos se podían pactar la liquidación de los mismos bajo los postulados de la Ley 80 de 1993, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, respecto de la caducidad de las acciones señaló:


(…)


10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.


En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: (…)


c)En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta.


d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;…” (Negrilla y subrayado fuera del texto)


Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de abril 8 de 1999 dijo:


(…) De esta forma, es claro que se tiene seis (6) meses para liquidar un contrato así: cuatro (4) meses para hacerlo en forma bilateral contados desde la finalización del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que lo disponga, y dos (2) meses siguientes al vencimiento del término que tenían las partes para hacerlo bilateralmente.


No obstante lo anterior, debe señalarse que tal y como lo ha expresado el Consejo de Estado, si la administración no liquida el contrato dentro de los dos meses siguientes al vencimiento que tenían las partes para hacerlo en forma bilateral, se puede efectuar la liquidación unilateral, siempre y cuando ello se efectúe antes de que opere la figura de la caducidad de la acción contractual…) (Negrilla y subrayado fuera del texto)


Respecto a la caducidad, la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C- 832 de 9 de agosto de 2001, Magistrado Ponente doctor Rodrigo Escobar Gil, dijo:


La caducidad es una institución jurídica procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso.”


La Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Consejera Ponente, doctora Myriam Guerrero de Escobar, Expediente 32247 de 2009, respecto a la celebración de contratos de Aseguramiento del Régimen Subsidiado señaló que:


(…)


1 Los contratos relacionados con la administración de los recursos del Régimen Subsidiado en Salud, están sometidos a la Ley 100 de 1993 mediante la cual se creó el sistema de seguridad social integral, a sus Decretos Reglamentarios, a los Acuerdos del Consejo nacional de Seguridad Social en Salud, a la Ley 715 de 2001, mediante la cual se dictaron normas en materia de recursos y competencias y se dictaron otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, y la Ley 1176 de 2007 que modificó la conformación del Sistema General de Participaciones, entre otras disipaciones.


En rigor los contratos relacionados con la administración de los recursos del Régimen Subsidiado en salud celebrados entre entidades territoriales y las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), hoy por disposición de la Ley 1122 de 2007 Empresas Promotoras del Régimen Subsidiado (EPS – S), no están sometidas a la Ley 80 de 1993 y en ese sentido esta ley no constituye el marco legal aplicable en relación con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos. En consecuencia, en temas específicos como los relativos a la liquidación de este tipo de contratos, serán las partes las que en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, determinen el sometimiento a esta actuación, así como el alcance y la forma de proceder a tal efecto. Para ello se remitieron a la Ley 80 de 1993 (…)(Negrilla y Subrayado fuera del texto)


En consecuencia, habiendo sido regulado por las partes el plazo de la liquidación bilateral, resultaba de obligatorio cumplimiento. Adicionalmente, las partes podían convenir si sometían o no el contrato al procedimiento liquidatorio, pues el mismo, no resultaba obligatorio por no tratarse de contratos gobernados por la Ley 80 de 1993, también podían acordar la forma, las condiciones y el procedimiento a seguir en desarrollo del postulado de la autonomía de la voluntad, acuerdos que resultaban obligatorios en la medida en que el contrato es ley para las partes. (…) (Subrayado fuera del texto)


(…) no hay duda de que las normas relativas a la caducidad de la acción, son de orden público y de estricto cumplimiento, en dichos términos no podrán dejarse a la voluntad de las partes, porque su alcance está previamente definido en la ley (…)


En rigor, los términos para el ejercicio de las acciones procesales, no podrán modificarse, ampliarse o reducirse vía convención contractual, las partes están sujetas a las reglas procesales, de modo que en este caso en particular el término de caducidad de la acción de los dos años, al vencimiento (…) de que disponía la administración para liquidar el contrato, y vencido éste podía acudir a la jurisdicción para solicitar al juez natural en sede judicial la correspondiente liquidación (literal d) numeral 10 artículo 136 del C.C.A. modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998)(negrilla fuera del texto)


De lo expuesto se colige:


1. Se determinó claramente, el momento después del cual se pierde un derecho o una acción en virtud de su no ejercicio durante un plazo señalado por el legislador o por acuerdo entre las partes y desde el punto de vista procesal, el mismo se erige al transcurso del tiempo como elemento determinante del devenir jurídico revelando uno de los valores fundantes de nuestro ordenamiento como lo es el de la seguridad relacionada en el campo del derecho.


2. En general, la caducidad se predica tanto de las relaciones que involucran a particulares como de aquéllas en las cuales se trata de una investigación por parte del Estado.


3. Los términos para el ejercicio de las acciones procesales, no podrán modificarse, ampliarse o reducirse vía convención contractual, lo cual implica que las partes están sujetas a las reglas procesales, de modo que el término de caducidad de la acción es de dos (2) años.


En Sentencia C-165 de 1993, MP. Dr. Carlos Gaviria Díaz, señaló que el no ejercicio de la acción dentro de los términos señalados por las leyes procesales, constituye omisión en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del ciudadano.


Ahora bien, si en los contratos de aseguramiento referidos se pactó la liquidación de los mismos conforme lo estipulado en la Ley 80 de 1993, debe indicarse lo siguiente:


El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, estableció que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que lo disponga.


El artículo 61 de la Ley 80 de 1993, estableció frente a la liquidación unilateral del contrato, que si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible de recursos de reposición".


En este orden de ideas, se tiene que los contratos deben ser liquidados y en virtud de ello, esa liquidación puede ser efectuada en forma bilateral o unilateral, lo cual debe llevarse a cabo dentro de los términos establecidos en las normas transcritas anteriormente.


Respecto a la liquidación de los contratos, vale la pena traer a colación lo expresado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de abril 8 de 1999, así:


En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos (2) años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde que se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración”


De esta forma, es claro que se tiene seis (6) meses para liquidar un contrato así: (cuatro) 4 meses para hacerlo en forma bilateral contados desde la finalización del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que lo disponga y, dos (2) meses siguientes al vencimiento del término que tenían las partes para hacerlo bilateralmente.


No obstante lo anterior, debe señalarse que tal y como lo ha expresado el Consejo de Estado, si la administración no liquida el contrato dentro de los dos meses siguientes al vencimiento que tenían las partes para hacerlo en forma bilateral, se puede efectuar la liquidación unilateral, siempre y cuando ello se efectúe antes de que opere la figura de la caducidad de la acción contractual.”


Adicionalmente, debe tener presente que conforme al parágrafo 2° del artículo 81 de la Ley 446 de 1998, incorporado en el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, consagró que, no habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado.


En la medida en que los contratos de administración del régimen subsidiado, hoy de aseguramiento, no se puedan liquidar de manera bilateral, podrán liquidarse de manera unilateral, siempre que en estos contratos se haya pactada la cláusula de liquidación unilateral prevista en la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 50 del Decreto 050 de 2003 que consagra dicha posibilidad.

De manera que si en el contrato de aseguramiento se determinó que la liquidación del mismo se llevaría a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la liquidación debe efectuarse dentro de los cuatro meses siguientes a su vencimiento de forma bilateral, sin embargo trascurrido este lapso sin efectuarse la liquidación, la misma la debe realizar la administración de manera unilateral tal como lo dispone el literal d) del artículo 44 de la Ley 446 de 1998:


d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;


De esta forma, el término establecido para la liquidación bilateral y unilateral son diferentes para cada una, entendiendo en todo caso que la liquidación unilateral podrá intentarse en cualquier momento, siempre que no haya caducado la acción contractual.


De otra parte, las novedades que afecten un contrato (inconsistencias, doble afiliación, etc) deben ser aclaradas, resueltas o depuradas por el ente territorial y la ARS hoy EPSS antes de la liquidación del mismo, ya que de presentarse la aclaración o depuración después de liquidado el contrato, habrá que acudir ante los jueces para que resuelvan en derecho el pago de las diferencias que a favor o en contra de las partes contratantes originó esa aclaración o depuración, por lo que esta oficina considera que la liquidación de los contratos debe efectuarse previa depuración de las inconsistencias producidas por las novedades presentadas en la ejecución del contrato, de modo tal que si hay un margen de error en esa depuración que modifique la liquidación del contrato de aseguramiento ya efectuada , habrá que acudir ante los jueces conforme a lo aquí previsto.


Por último, para su conocimiento y fines pertinentes le remito copia de la respuesta emitida por el Ministerio de la Protección Social como órgano rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud contenida en siete folios (7) folios.

El anterior concepto se expide dentro de los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.


Cordialmente,



William Javier Vega Vargas




Jefe Oficina Asesora Juridica




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