Accion de tutela -temeridad




Descargar 104.24 Kb.
TítuloAccion de tutela -temeridad
Página1/3
Fecha de conversión31.01.2013
Tamaño104.24 Kb.
TipoDocuments
  1   2   3
ACCION DE TUTELA -Temeridad


En ese sentido, la temeridad es una utilización impropia de la acción de tutela, pues vulnera el principio de la buena fe, a costa de la satisfacción de un interés particular. No obstante, como la buena fe se presume, le corresponde al Juez valorar las circunstancias particulares de cada caso, es decir, que la temeridad debe encontrarse plenamente acreditada analizando los hechos, pretensiones, pruebas y las providencias judiciales… Teniendo en cuenta los hechos que ocurrieron con posterioridad a la primera tutela interpuesta por la parte actora, mal podría hablarse de una identidad de hechos.


NOTA DE RELATORIA: Sobre temeridad y eventos en que no se configura, Corte Constitucional, sentencia T-883 de 2001. MP. Eduardo Montealegre Lynnet, sentencia T-276 de abril 19 de 2010, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y sentencia T-1104 de noviembre 6 de 2008, MP. Humberto Antonio Sierra Porto.


FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTICULO 38


DEBIDO PROCESO - Trámite de Conciliación prejudicial - DEBIDO PROCESO - Violación por irregularidades en notificación a convocante


Si en gracia de discusión, se aceptara que los correos electrónicos enviados al apoderado del actor hubieren sido recibidos, lo cierto es que, el auto de 21 de septiembre de 2011, proferido por el Procurador 48 Judicial II Administrativo de Villavicencio, mediante el cual resolvió entender desistida y no presentada la conciliación extrajudicial, ordenó en el numeral tercero: “Notificar personalmente de la presente decisión a la apoderada de la parte convocante.” Según se observa en el plenario, la mencionada decisión no fue notificada personalmente, sino que únicamente le fue comunicada la decisión vía e-mail, informándole que debía acercarse al Despacho a reclamar la documentación anexa. En esas condiciones, la Entidad realizó una indebida notificación de la decisión que dio por desistida y no presentada la solicitud de conciliación prejudicial, vulnerando el derecho al debido proceso que le asiste al actor, a quien con esta falencia se le coartó la posibilidad de impugnar la decisión, contra la cual procedía el recurso de reposición dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación.


FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 29


CONSEJO DE ESTADO


SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


SECCION SEGUNDA


SUBSECCION “B”


Consejera ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ


Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012).


Radicación número: 76001-23-31-000-2011-01624-01(AC)


Actor: FIDEL DE JESUS LAVERDE FLOREZ


Demandado: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION


Decide la Sala la impugnación propuesta por la parte actora contra la providencia de 18 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que rechazó por improcedente la acción de tutela incoada.


PRETENSIONES Y HECHOS DE LA TUTELA


El señor Fidel de Jesús Laverde Flórez, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, respeto a la dignidad humana, igualdad, acceso a la justicia, información clara, concisa, veraz e imparcial y demás concordantes con los artículos 20 y 23 de la Carta Política.


Como consecuencia pretende que se ordene a la Entidad demandada tramitar la audiencia de conciliación solicitada.


Hechos en que fundamentan las pretensiones:


El 3 de agosto de 2011 el actor presentó la solicitud de conciliación prevista en la Ley 1285 de 2010, la cual le correspondió al Procurador 165 Delegado ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.


Cumplidos los términos de Ley, la Entidad accionada no ha tramitado la solicitud, pues ni siquiera le ha comunicado en donde están los documentos que la conforman.


CONTESTACION DE LA TUTELA


El Procurador Regional del Valle del Cauca contestó la tutela a folios 45 a 50 del expediente, informando que atendió las solicitudes del actor argumentando lo siguiente:


El 5 de septiembre de 2011 se notificó la sentencia del 1º de ese mismo mes y año proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que resolvió la tutela incoada por el actor.


Informó además que por razones de competencia, la solicitud de audiencia de conciliación le correspondió a la Procuraduría 48 Judicial Administrativa de Villavicencio que mediante auto de 9 de septiembre de 2011 resolvió requerir a la parte convocante para que en el término de cinco (5) días subsanara las deficiencias de la solicitud de conciliación presentada, con fundamento en el artículo 6º del Decreto 1716 de 2009.1 La anterior decisión fue notificada mediante e-mail el 13 de septiembre de 2011 a las 05:00 p.m.


Como el apoderado de la parte convocante no subsanó las deficiencias dentro del término señalado, es decir, “no realizó una narración correcta de los hechos base de la presente solicitud de conciliación, (…), tampoco formuló las pretensiones de manera, correcta (sic); no indica la acción que se ejercería en caso de no prosperar la conciliación, no realiza una estimación razonada de la cuantía; no manifiesta bajo la gravedad del juramento el no haber presentado demandas ni solicitudes de conciliación basadas en estos mismos hechos; y no aparece la constancia de envío de la solicitud de conciliación a la entidades convocadas; ni la constancia de recibido por estas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 52 de la ley 1395 del 12 de julio de 2010 (…)”.


La Procuraduría 48 Judicial Administrativa profirió el auto de 21 de septiembre de 2011, que resolvió entenderla desistida y como no presentada la solicitud de conciliación extrajudicial, devolver los documentos aportados y notificar la decisión a los interesados, contra la cual procede el recurso de reposición dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior decisión fue notificada vía correo electrónico el 21 de septiembre a las 07:04 p.m.


Por lo anterior la Entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados.


LA PROVIDENCIA IMPUGNADA


El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de 18 de noviembre de 2011, rechazó por improcedente la tutela incoada (fls. 81-90) con los siguientes argumentos:


El Decreto 2591 de 1991 en el artículo 38 establece que cuando “sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”, ello significa que la tutela será rechazada cuando con base en idénticos supuestos de hecho y con el fin de lograr la misma pretensión se presenten dos o más acciones de tutela, con el fin de impedir conductas que congestionen de manera dolosa el aparato judicial, restringiendo el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de otros ciudadanos.


De acuerdo con la sentencia T-1215 de 2003, la temeridad se configura cuando existe una identidad de partes, de hechos, pretensiones y ausencia de justificación de presentación de la nueva demanda; a fin de determinar lo anterior, el Juez de tutela debe realizar un examen detallado de los procesos de tutela correspondientes, las circunstancias, los hechos nuevos e incluso, analizar el contenido de los fallos judiciales proferidos dentro de la acción anterior, para finalmente concluir si existe la temeridad.


En ese orden de ideas, al Juez le corresponde comprobar que la conducta de quien interpone la acción de tutela ha estado precedida por un actuar doloso o de mala fe, “(…) ya que si el mismo se evidencia en el trámite, la acción de tutela no solo deviene improcedente en razón del mandato contenido en el artículo 38 del decreto 2591 de 1991, sino además, temeraria y merecedora, por ende de sanción.”2 Esto porque no siempre que se presenta duplicidad de acciones existe temeridad, pues para ello es necesario evaluar las circunstancias particulares del caso concreto.


El A quo analizó si la presente tutela es idéntica a la tramitada bajo el número de referencia: 2011-01258-00 y concluyó que existe identidad de las partes, puesto que ambas fueron presentadas por el actor en contra de la Procuraduría General de la Nación.


En cuanto a la identidad de hechos y pretensiones, concluyó que ambas tratan sobre la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 3 de agosto de 2011, la cual solicita que se realice en el Valle del Cauca.


Sobre la ausencia de justificación para la presentación de la nueva demanda, en el escrito de tutela no existe ningún hecho nuevo ni sobreviniente, por el contrario se observa “(…) la falta de consistencia en la narración de los hechos, pretensiones y demás, donde aduce el accionante no saber nada del trámite de dicha conciliación, cuando claramente se le negó el amparo constitucional anteriormente, dado que la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, ha actuado bajo los lineamientos normativos y jurisdiccionales.”3


Como las acciones interpuestas versan sobre las mismas partes, hechos y pretensiones, y no se observa la mala fe del actor, quien actuó por sentirse en un estado de indefensión, donde los individuos actúan por la necesidad extrema de defender un derecho, la presente tutela se torna improcedente sin imponer sanción alguna.


LA IMPUGNACION


El anterior proveído fue impugnado por la parte actora a folios 101 a 105 del expediente, porque no se ajusta a los hechos que motivaron la tutela ni a los derechos impetrados, incurriendo en los errores de hecho y derecho en el examen y consideración de las peticiones elevadas por el actor; y en error esencial de derecho por errónea interpretación de los principios de la presente acción al no cumplir el mandato legal de garantizarle al tutelante el pleno goce de sus derechos, con la siguiente fundamentación:


La accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de petición, ya que la solicitud de conciliación prejudicial fue enviada al Guaviare y posteriormente a Villavicencio, dejando al actor en una condición desventajosa porque es imposible que incurra en los gastos procesales. El Procurador de Villavicencio dice haberlo requerido por correo electrónico, cuando él no recibió ninguno.


Al tutelante le interesa que la conciliación se realice en Cali porque es allí donde reside, por lo que no ha actuado temerariamente sino que busca desesperadamente la protección de sus derechos como víctima del desplazamiento forzoso, máxime cuando va a entrar en vigencia la Ley de Víctimas.


El A quo se equivocó al decir que antes ya se había fallado su caso y que el actor si tenía información sobre dicha conciliación porque sobre el particular ya había insaturado una tutela, manifestando lo siguiente:


(…)

REPITO SEÑOR JUEZ DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA, NO VEO AL (sic) AUTO MEDIANTE EL CUAL EL SUPERIOR DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA se PRONUNCIO EN LA SEGUNDA INSTANCIA NO ES acaso la segunda instancia en la acción de tutela un mecanismo constitucional mediante el superior del fallador de primera instancia puede derogar lo fallado en la primera instancia y cambiar la resolución final de la tutela dejando las cosas claras en el proceso como lo manifiesta la sentencia en el folio 90 QUE PASO SEÑOR MAGISTRADO O EL ALTO TRIBUNAL VIOLO LA DOBLE INSTANCIA O VIOLO LOS TERMINOS TAL Y COMO LA RPOCURADURIA VIOLO EL DEVIDO (sic) PROCESO, EL NEGARSEME EL AMPARO QUE ME OTORGA EL ART 5º DE LA LEY 962 DEL 2005 EL ART 48 DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en concordancia con el ART 330 del código de procedimiento civil o lo expuesto por la corte constitucional en sentencias T768 DEL2004T 967 DEL 2004-T470 DEL 2005 (sic) Y EL ART 44 del código contencioso administrativo” (Mayúsculas del texto).


El actor trajo a colación la “notificación” como la forma común de dar a conocer a los interesados las decisiones que ponen fin a las actuaciones distintas de las iniciadas mediante petición en interés general.


La notificación se realiza al interesado o a su apoderado, representante o su delegado; la cual se hará personalmente y por escrito, o de manera verbal según la forma como se hubiere iniciado la actuación. La notificación por edicto puede utilizarse de manera subsidiaria y en las condiciones previstas para ello, así mismo, la notificación por conducta concluyente opera cuando se presentan los presupuestos del artículo 48 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil; y la notificación por correo se hará únicamente en los casos que señalen las normas especiales. Así, si no hay un medio más eficaz para notificar personalmente al interesado, debe acudirse a la citación enviada por correo certificado.


La Entidad accionada vulneró los derechos fundamentales del tutelante, al no darle el trámite de segunda instancia invocado, además no contestó la petición elevada, pues no existe prueba satisfactoria de que se hubiere recibido la respuesta de la solicitud enviada, ya que la notificación fue realizada al doctor Juan Fernando Gómez Chávez a través de su correo electrónico, el cual fue mal escrito porque es con “z” y no con “s”, esa es la razón por la que nunca lo recibió y en todo caso, tampoco notificaron al accionante.


Finalmente concluyó lo siguiente:


  1. La accionada no aportó prueba alguna de la constancia de recibido.




  1. La Procuraduría no contestó la petición a pesar de las consecuencias administrativas que tiene el incumplir con el deber de atender las solicitudes, lo cual supone la vulneración del derecho de petición y la doble instancia.




  1. La Jurisprudencia Constitucional ha sido enfática al sostener que los informes rendidos al Juez no se entienden como respuesta satisfactoria de las peticiones.




  1. La acción de tutela procede cuando existe la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, para que cese la actuación o la realice en caso de omisión, pero nunca en cuestiones de fondo que solo proceden mediante las acciones correspondientes.




  1. El actor solicita que se “notifique en debida forma como lo manda (sic) las normas citadas en el que se comunique en debida forma a la parte accionante.”


Con lo anterior el actor sustentó su petición de amparo, resaltando que es un interviniente especial por ser víctima del conflicto armado, “máxime que estoy solicitando MIS DERECHOS DE VERDAD JUSTICIA Y REPARACION, de los cuales tiene que ser garante el Ministerio Público.” (Mayúsculas del texto).

  1   2   3

Similar:

Accion de tutela -temeridad iconAccion de tutela-inexistencia de temeridad para el caso derecho a la seguridad personal

Accion de tutela -temeridad iconSentencia No. T-049/95 accion de tutela interpuesta por procuraduria/accion de tutela-informalidad/demanda de tutela

Accion de tutela -temeridad iconSentencia t-1058/07 accion de tutela-subsidiariedad/accion de tutela

Accion de tutela -temeridad iconAccion de tutela contra providencia judicial un auto ilegal que, no ata al juez ni a las partes ni tiene ejecutoria / accion de tutela procedencia cuando el auto que no se impugnó en término es ilegal

Accion de tutela -temeridad iconAccion de tutela-titularidad agencia oficiosa en tutela

Accion de tutela -temeridad iconAccion de tutela contra organizaciones internacionales/accion de tutela contra el pnud/derecho de peticion frente a organizaciones internacionales/derecho de peticion ante la alcaldia de bogota

Accion de tutela -temeridad iconJuguetes belicos retiro del Comercio / accion de tutela improcedencia / medio de defensa judicial / accion de cumplimiento / cumplimiento de la ley

Accion de tutela -temeridad iconAccion de tutela-alcance juez de tutela-interpretación de derechos fundamentales/derechos fundamentales

Accion de tutela -temeridad iconSentencia t-1009/10 accion de tutela

Accion de tutela -temeridad iconSentencia t-1272/00 accion de tutela

Coloca este botón en su sitio:
esdocs.org


La base de datos está protegida por derechos de autor ©esdocs.org 2014
enviar mensaje
esdocs.org
Página principal