A la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón




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Proc. Ordinario 529/2005




A la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón


Marina Sabadell Ara, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don Ignacio Arsuaga, quien actúa como representante legal de la Asociación Hazteoir.org, con CIF G-83.068.403 e inscrita en el Registro del Ministerio del Interior, bajo el número 167.805, y domicilio en la Calle Comandante Zorita, 2, 1º C (28020 Madrid) , de Don Juan Marcos Lizarbe Lasa, Presidente del Partido Familia y Vida, Doña Teresa González Campos, Presidenta de la Asociación Ainkaren, Don Juan Manuel Domínguez Artal, Doña Rocío Zamora González-Mariñas y Doña María Carmen Iñigo Martín según tengo acreditado, en el recurso contencioso administrativo reseñado al margen, ante la Sala comparezco y DIGO:


Que dentro del plazo conferido por Auto de fecha 7 de marzo de 2006, notificado el 20 de marzo siguiente, y por medio del presente escrito, vengo a deducir demanda en el expresado recurso contencioso-administrativo, contra la Orden de 3 de octubre, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la prescripción y administración gratuita de la Píldora Postcoital en los Centros Sanitarios Públicos del Sistema de Salud de Aragón publicada en el Boletín Oficial del Aragón, Número 122 del día viernes 14 de octubre de 2005, en su página 12.185, bajo el número marginal 2522; y todo ello en razón a los siguientes

HECHOS




Primero.- El 3 de octubre de 2005, el Gobierno de Aragón publicó una Orden del Departamento de Salud y Consumo por la que regulaba la prescripción y administración gratuita de la Píldora Poscoital en los Centros Sanitarios Públicos del Sistema de Salud de Aragón.


Segundo.- En la citada orden, así como en las instrucciones de 17 de octubre siguiente, de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento (folio 12 y ss. del expediente administrativo), de desarrollo de la misma, no se contemplaban varios extremos de importancia para la dispensación de la píldora, y son los llamados a garantizar la buena praxis profesional del personal sanitario y la garantía de los derechos de los pacientes, como se dirá en los fundamentos de derecho materiales.


Tercero.- Los hechos anteriormente relatados son de fácil comprobación y de público conocimiento, bastando, para su eficaz demostración la documental que se acompaña:

DOCUMENTO Nº 1: Informe evacuado por el Centro de Información de Medicamentos. Servicio de Farmacia del H.U. Puerto Real.

DOCUMENTO Nº 2 Hojas del vademécum de 2003 relativas al Norlevo.

DOCUMENTO Nº 3 Hojas del vademécum del 2005 relativas al mismo medicamento.

DOCUMENTO Nº 4, descripción del POSTINOR.

DOCUMENTO Nº 5, riesgos cancerígenos de las píldoras anticonceptivas.


Cuarto.- Ante la inseguridad e inconvenientes creados por la nueva disposición, el Colegio de Médicos distribuyó la siguiente nota informativa:

NOTA INFORMATIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE ZARAGOZA SOBRE LA PÍLDORA

 

Nota informativa del ICOMZ a los médicos colegiados sobre el programa de dispensación gratuita de la “píldora postcoital”

 



 

El Departamento de Salud del Gobierno de Aragón ha acordado la puesta en marcha de un “Programa de anticoncepción de emergencia” con la dispensación gratuita de la denominada “píldora del día después” (PDD), que podrá ser prescrita por los facultativos del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) y suministrada directamente en los centros sanitarios.

 

Ante las consultas recibidas por parte de médicos colegiados que desean asesoramiento sobre algunos aspectos controvertidos de esta medida sanitaria, se procede a ofrecer unas consideraciones para contribuir a clarificar algunas de las cuestiones ético-legales suscitadas, todo ello de manera preliminar a la documentación y asesoramiento que desde el ICOMZ se facilitará a los colegiados que lo precisen.

 

Con el término de “píldora del día después” se denomina a un preparado hormonal para utilizar por vía oral, que se emplea después de una relación sexual de la que se piensa puede derivar un embarazo, con el fin de evitarlo. Según la Sociedad Española de Contracepción, la PDD “tiene por objeto prevenir la implantación del blastocito en el útero, en el caso de que se haya producido fecundación”. Se están utilizando diferentes términos con un mismo significado: contracepción de urgencia, anticoncepción de emergencia o intercepción postcoital, siendo esta última la acepción técnicamente más ajustada a su mecanismo de acción, dado que la eficacia principal de la PDD reside en la intercepción de la implantación o anidación del embrión temprano en el útero cuando de la relación sexual se ha seguido una fecundación.

 

La buena praxis clínica exige actualmente un adecuado proceso de consentimiento informado por parte de los pacientes, de manera que el médico debe explicar, de manera comprensible, el significado de cualquier intervención sanitaria en unas circunstancias que lo hagan razonable.

 

Hay fundamentos deontológicos y legales incuestionables para este deber de información también en el caso de la administración de la PDD, del mismo modo que existe el derecho y la obligación de dejar constancia escrita de todo ello en la historia clínica.

 

Esto tiene relevancia si se tiene en cuenta que en el XXVIII Congreso la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (2005) se alertó sobre el uso habitual de la PDD los fines de semana por parte de chicas adolescentes que la toman reiteradamente, sin que actualmente se conozcan los efectos de estas sobredosis hormonales.

 

Desde una perspectiva ético-legal, antes de su administración también habría que descartar un embarazo previo a la relación sexual que es objeto de preocupación, si bien algunos estudios preliminares no ofrecen por ahora evidencia de efectos perjudiciales de la PDD sobre el feto.

 

 

Uno de los aspectos que está planteando dudas es la administración de la PDD a menores de edad, tanto en relación a su capacidad para otorgar el consentimiento como en relación con su derecho a la confidencialidad frente a los padres.

 

 

No es sencillo dar respuestas concluyentes, pues se trata de una cuestión sometida a controversia social, tanto ética como legal, en lo que se ha denominado doctrina del menor maduro, aplicable a cualquier decisión que requiere consentimiento por parte de menores.

 

Lo que sí está claro es que en España se ha establecido legalmente la mayoría de edad sanitaria a los 16 años.

 

Entre los 12 y los 16 años, el facultativo debe hacer una valoración de la madurez del menor y actuar según su criterio, dejando registrada en la historia clínica su apreciación sobre la capacidad intelectual y emocional de la menor para sustentar el consentimiento informado de la conducta profesional adoptada.

 

En cuanto al secreto profesional, el médico ha de elaborar su criterio en función de cada caso, teniendo en cuenta que, tanto deontológica como legalmente, tendría apoyo para sostener el deber de secreto ante una menor que considera madura para otorgar consentimiento. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, en casos conflictivos, la jurisprudencia no aporta seguridad jurídica para evitar el acceso de los padres a la historia clínica de hijos menores de 18 años.

 

Ante las consultas planteadas por facultativos sobre la negativa a prescribir la PDD y el derecho a la objeción de conciencia, cabe recordar que el Código de Ética y Deontología establece que en el ejercicio de su profesión “el médico respetará las convicciones de sus pacientes y se abstendrá de imponerles las propias” (artículo 8).

 

Esto no significa que automáticamente deba acceder a una petición, pues también “debe disponer de libertad de prescripción y de las condiciones técnicas que le permitan actuar con independencia y garantía de calidad” (artículo 18, 2).

 

Se podría plantear un conflicto por motivos de conciencia frente a la norma establecida, lo cual entraría sin ningún genero de duda en los supuestos de objeción de conciencia que ampara el artículo 26 del Código de Ética y Deontología y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

 

 

Para ejercer la objeción de conciencia en este caso se recomienda comunicarlo al inmediato superior (coordinador, jefe de servicio) mediante un escrito1[1] firmado, con el objeto de poner en su conocimiento esta circunstancia, ya antes de que se pueda presentar. Así se evitaría una situación conflictiva mediante las soluciones arbitradas por la administración sanitaria a tal efecto. Ningún médico colegiado debe sufrir discriminación por su condición de objetor y si por este motivo tuviera algún conflicto administrativo o profesional, debe comunicarlo al Colegio con el fin de recibir el asesoramiento y la ayuda pertinente. También se considera que el médico interesado, en la medida que le sea posible, deberá remitir a la usuaria a la unidad o servicio donde pueda ser atendida su solicitud.

 

El Colegio de Médicos de Zaragoza anunciará la celebración, en fecha próxima, de una Mesa Redonda con objeto de facilitar a todos los colegiados la mayor formación posible en estas materias.

 

En la web del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza se irá incorporando la documentación relacionada con esta cuestión que, por su interés para el colegiado, se va recopilando en la Biblioteca del ICOMZ.


Quinto.- Ante el debate social suscitado y ante los nulos resultados obtenidos en el intentó de que el Gobierno de Aragón modificara o derogara la nueva regulación, que nos llevaron a esperar al último momento para presentar este recurso, no quedó más remedio que acudir a esta vía.


FUNDAMENTOS DE DERECHO
A.- PROCESALES

I.- JURISDICCIÓN.- Por tratarse de una pretensión que se deduce en relación con una actuación de la Administración pública sujeta al Derecho Administrativo, corresponde su conocimiento al orden contencioso-administrativo, según dispone el art. 1 de la Ley 29/98, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


II.- COMPETENCIA OBJETIVA Y TERRITORIAL.- Conforme al artículo 1º.1 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Sala de lo Contencioso-Administrativa del respectivo TSJ conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con «Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales», como acontece en este caso.

III.- LEGITIMACIÓN.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la asociación en cuyo nombre actúo y cuya representación ostento, al estar legalmente habilitada para la defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, tal como establecen sus propios estatutos que regulan su funcionamiento, como se acredita mediante copia auténtica de los estatutos de esta Asociación juntamente con el Acuerdo adoptado por el máximo órgano de decisión de la misma, para ejercitar las acciones contra el Acuerdo impugnado.


IV.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA.- Esta parte comparece representada y asistida por Abogado, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 23.1 de la tan citada Ley.


V.- CUANTÍA.- Como se indica en nuestro escrito de interposición del presente Recurso, la cuantía del procedimiento es indeterminada.


VI.- REQUISITOS FORMALES.- La demanda cumple los requisitos exigidos por la Ley de lo Contencioso-Administrativo.


VII.- COSTAS.- Por disposición del art. 139.1 de la tan citada Ley, corresponde imponer las costas a la Administración por sostener su acción con temeridad, obligando ésta a la incoación del presente proceso.

B.- MATERIALES



PRIMERO.-

  1. No se hace distinción ninguna en relación a la minoría o mayoría de edad en cuanto al procedimiento de dispensación de la píldora y la necesidad de un consentimiento informado para su administración.




  1. Al no hacerse distinción entre mayores y menores de edad a este respecto, no se exige la previa información a los padres de la dispensación de la píldora, no siendo necesario por tanto su consentimiento.




  1. Al no concurrir, en el caso de las menores, sus padres, es al médico al que le corresponderá valorar si la menor puede o no otorgar un consentimiento suficientemente informado. El consentimiento informado es necesario para preservar la dignidad del paciente en general, y consiste, brevemente, en que el médico, antes de prescribir cualquier tratamiento, debe informar al paciente (en este caso a la paciente) de la entidad del mismo, su trascendencia y los posibles efectos secundarios. Si el paciente, en razón de su edad, no tuviera madurez suficiente para entender y valorar ponderadamente estos extremos, debe informarse a los padres, en atención al deber de velar por los menores inherente a la patria potestad, para que estos ayuden a comprender a la menor la trascendencia del acto médico y en caso de no poderlo hacer por falta de madurez suficiente, suplir el defecto de consentimiento.




  1. Ni la orden, ni las instrucciones de desarrollo, contemplan, bajo ningún supuesto, la necesario seguridad jurídica del médico en el desarrollo de su praxis profesional. Así, al no regularse debidamente la materia del consentimiento, la nueva regulación crea una situación de preocupante inseguridad jurídica, pues los padres, al tener conocimiento de la dispensación de la píldora sin su necesario consentimiento, pueden accionar legalmente contra el propio facultativo. Igualmente, la menor, cuando alcance la madurez de juicio suficiente, podrá accionar igualmente contra el facultativo, apoyando incluso su pretensión, en los efectos secundarios que más tarde se dirán.




  1. Del mismo modo, y en relación a lo que en la doctrina se ha venido en llamar la figura del «menor maduro», se obliga al facultativo a elaborar un juicio para el que no tiene ni formación, ni capacidad ni deber: determinar en un servicio de urgencias, o en una atención de urgencia, si el menor tiene o no capacidad suficiente para comprender el tratamiento que se la dispensará.




  1. El facultativo, en su praxis profesional, se ve privado, por no contemplarlo la regulación impugnada, del derecho de objeción de conciencia constitucionalmente protegido, y que viene recogido expresamente en el Artículo 26 del correspondiente Código Deontológico: «1. El médico tiene el derecho a negarse por razones de conciencia a aconsejar alguno de los métodos de regulación y de asistencia a la reproducción, a practicar la esterilización o a interrumpir un embarazo. Informará sin demora de su abstención y ofrecerá, en su caso, el tratamiento oportuno al problema por el que se le consultó. Respetará siempre la libertad de las personas interesadas de buscar la opinión de otros médicos. Y debe considerar que el personal que con él colabora tiene sus propios derechos y deberes.

2. El médico podrá comunicar al Colegio de Médicos su condición de objetor de conciencia a los efectos que considere procedentes, especialmente si dicha condición le produce conflictos de tipo administrativo o en su ejercicio profesional. El Colegio le prestará el asesoramiento y la ayuda necesaria».


  1. Igualmente, la nueva regulación viola la libertad de prescripción, pues el médico debe gozar de la capacidad suficiente para prescribir el medicamento que considere oportuno según el diagnóstico. Sin embargo, la orden habla de dispensación, es decir, vulnera el principio de prescripción recogido en el artículo 20 del correspondiente Código Deontológico: «1. El médico debe disponer de libertad de prescripción y de las condiciones técnicas que le permitan actuar con independencia y garantía de calidad. En caso de que no se cumplan esas condiciones deberá informar de ello al organismo gestor de la asistencia y al paciente.

2. Individualmente o por mediación de sus Organizaciones el médico debe llamar la atención de la comunidad sobre las deficiencias que impiden el correcto ejercicio de su profesión.»


  1. Las disposiciones de referencia, por otra parte, establecen (Instrucción 1 de la Instrucción de 17 de octubre de 2005) el modo de presentación de la píldora postcoital, que se entregará en una bolsa de plástico con un folleto informativo. Sin embargo, no se hace entrega con la citada bolsa, del prospecto del medicamento, en el que se relacionan parte de los efectos secundarios de la píldora y en el que se deja constancia de la falta de información en su dispensación a menores de 16 años. Además, en el folleto explicativo que se acompaña, y que figura en el expediente administrativo, no se señalan ni los efectos secundarios ni, lo que es más grave en relación al respeto debido a la dignidad de la paciente, la falta de investigación de sus efectos en menores de 16 años.




  1. Por otra parte, en la Instrucción cuarta, se establece que el profesional sanitario hará entrega de la bolsa que contiene el medicamento (y el folleto explicativo) y que la medicación la tomara la paciente en su presencia. No se establece, como la prudencia aconseja, que se le haga entrega a la misma del folleto explicativo y se le conceda un espacio de tiempo prudencial para leerlo tranquilamente, sopesar los pros y los contras y una vez tomada la decisión, solicitar la píldora y, entonces sí, consumirla en presencia del facultativo.




  1. Como más tarde se dirá, la píldora no puede se administrada con asiduidad. Por ello, en parte, en la Instrucción Sexta, de las Intrucciones tantas veces citadas, se hace referencia a la creación de un sistema de información. Consiste, brevemente, en el grabación, por la Gerencia de cada uno de los sectores sanitarios, de un breve encuesta a rellenar en el momento de la dispensación. Sin embargo, no se establece en ningún momento la obligatoriedad ni, lo que es más grave aún, la facultad del profesional sanitario de consultar la citada base de datos en relación a la paciente. Así, al dispensar la píldora no sabrá cuantas veces la ha consumido en el tiempo inmediatamente anterior. Puede resultar, entonces, que la paciente hubiera tomado la píldora en varias ocasiones en varias ocasiones en los días inmediatamente anteriores. Así pues, la base de datos así creada no tendría más función que la estadística, pero nunca la sanitaria.




  1. Finalmente, debido a las facilidades para la dispensación de la píldora, sin atención suficiente, en ningún caso, a la trascendencia de su prescripción, se crea en la menor (principalmente, vi bien afecta igualmente a las mayores de edad) la conciencia de su fácil obtención, de lo inicuo de su ingestión y de la eficacia de la misma. Esta toma de conciencia basada en datos falsos llevará, indudablemente, al abandono de un prudente comportamiento sexual que sea cortapisa eficaz para la solicitud de la píldora, lo que inexorablemente llevará a cada vez mayores cotas de riesgo sexual y mayores solicitudes de dispensación de la píldora, con las graves consecuencias personales y sociales que ello conlleva.


SEGUNDO.-

Artículo 43 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la salud.

Artículo 154 y ss. del Código Civil en lo relativo al contenido de la Patria Potestad.

Iura Novit curia


En virtud de lo expuesto,

SUPLICO A LA SALA que, habiendo por presentado este escrito lo admita, tenga por deducida la demanda que en él se contiene y, tras la tramitación pertinente, dicte sentencia estimando la presente demanda y declarando no ser conforme a Derecho y anulando la Orden de 3 de octubre, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la prescripción y administración gratuita de la Píldora Postcoital en los Centros Sanitarios Públicos del Sistema de Salud de Aragón publicada en el Boletín Oficial del Aragón, Número 122 del día viernes 14 de octubre de 2005, en su página 12.185, bajo el número marginal 2522, e imponiendo las costas a la Administración demandada si se opusiere al recurso.


OTROSÍ DIGO, que siendo del interés de esta parte el recibimiento del pleito a prueba, conforme dispone el artículo 60 del tal citado cuerpo legal, procedemos a expresar en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que ha de versar la prueba:

  1. Efectos de la PDD en las menores

  2. Carácter abortivo o no de la PDD

  3. Efectos secundarios de la PDD

  4. Perjudicialidad de la utilización asidua de la PDD y conveniente de inserción de nota de su dispensación en el expediente médico de las pacientes.

  5. Posibles efectos psicológicos de la PDD

  6. Capacitación de la menor para asumir los riesgos de la dispensación de la PDD.


En virtud de lo expuesto,

SUPLICO A LA SALA acuerde el recibimiento del pleito a prueba.


Todo ello es de justicia que pido en Zaragoza, a 19 de abril de dos mil seis.

1





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