Liquidación de sociedad conyugal




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TítuloLiquidación de sociedad conyugal
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Liquidación de sociedad conyugal. Procedimiento. Validez del acuerdo de liquidación de la sociedad conyugal previo a la presentación de la demanda de divorcio.


C., M. E. S/HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO-MEDIDA CAUTELAR” (CAUSA 52.703)

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala 2 – 4/12/2008


La C. Civ. y Com. Azul, sala 2ª, con fecha 04/12/2008, en autos "C., M. E.", determinó que la nota relevante para admitir la presentación del acuerdo de liquidación de la sociedad conyugal de fecha anterior a la de presentación de la demanda no queda estrictamente limitada a que se celebraron simultáneamente o con posterioridad al escrito de demanda, sino que incluso tendría que comprender a los suscriptos con fecha anterior en la medida en que, tras el análisis del juzgador, se los estime acordados en el marco del divorcio vincular o separación personal que después han peticionado las partes; ambos actos (celebración del acuerdo y presentación de la demanda de divorcio) pueden efectuarse dentro del trámite de negociación previo a su presentación judicial.


FALLO COMPLETO

En la ciudad de Azul, a los 4 días del mes de Diciembre del año Dos Mil Ocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Ana M. De Benedictis y Jorge Mario Galdós, habiéndose retirado del Acuerdo el Dr. Víctor Mario Peralta Reyes para dictar sentencia en los autos caratulados: “C., M. E. S/HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO-MEDIDA CAUTELAR. ” (CAUSA 52.703) ” , se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. GALDOS - Dr. PERALTA REYES - Dra.DE BENEDICTIS .

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES

1ª.- ¿Es justa la sentencia de fs.80/82vta.?

2ª.- ¿Es justa la regulación de honorarios efectuada a fs. 82vta.?

3ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACION


A LA PRIMERA CUESTION,

El Doctor Galdós dijo:

I) Simultáneamente con el inicio del juicio de divorcio por la causal objetiva de separación de hecho, M. E. C. promovió contra su esposo E. D. A. G. el presente incidente de homologación del acuerdo de división de bienes de la sociedad conyugal.

La Jueza “a quo” desestimó esa pretensión y decretó el levantamiento de la prohibición de innovar sobre la situación jurídica del comercio de ambos, impuso las costas a la incidentista vencida y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. Para denegar el pedido de homologación argumentó que la transacción acordada vulneraba el art.1218 del Código Civil, máxime que dicho convenio fue celebrado el 24 de Noviembre de 2000 y que la sentencia de divorcio dictada en los autos principales declaró disuelta la sociedad conyugal con efectos al día de la notificación de la demanda, lo que se produjo el 14 de Septiembre de 2004. De ese modo no se cumplimentan los recaudos legales que tornan viable la homologación del precitado acuerdo, conforme lo prevén los arts.832 y 833 del Código Civil y 308 C.P.C. y concs. C.P.C.


Contra ese pronunciamiento la incidentista dedujo a fs. 98 recurso de apelación, el que fue concedido a fs.99; a fs 100/105 se presentó el memorial de agravios, que se contestó a fs. 107.


A fs.85 la Dra.C.N.C. recurrió la regulación de honorarios practicada a su favor.


Las quejas de la apelante se centran en que si bien una rígida aplicación de lo dispuesto por el art.1218 Cód.Civ. importaría la nulidad del convenio de disolución de la sociedad conyugal, lo cierto es que al haberse decretado el divorcio operó la manifestación de voluntad libremente concertada por los esposos, sin vicios del consentimiento, ni abusos o ventajas para ninguno. La validez de dicho convenio, en el que se determinó no sólo la distribución de bienes sino que también se acordó la separación de hecho de los esposos C. y A. G., fue confirmada con posterioridad a su suscripción precisamente por la sentencia de divorcio. Cita jurisprudencia y doctrina que se pronuncia por la admisibilidad de los acuerdos, según lo establece el art.236 Cód.Civil y señala que no es válida la revocación del convenio efectuada por el marido y cursada por carta documento toda vez que hace referencia a una fecha de celebración que no corresponde. Más adelante alude a las causales de la separación de hecho y a su recepción legislativa, menciona el art.1306 Cód.Civil y recalca que, en el caso, la disolución de la sociedad conyugal operó (pese a que la sentencia de divorcio la fijó a partir del 14/9//2004) en Mayo de 1999 que es la del efectivo cese de la convivencia. Insiste luego en que el juicio de divorcio y la consiguiente sentencia importan ratificación del mencionado convenio y solicita la revocatoria del fallo.


II. 1. El recurso, pese a la opinabilidad de la cuestión, es procedente.


Inicialmente, partiendo del criterio amplio de admisibilidad del agravio propiciado por este Tribunal (arts.246, 260 y 261 C.P.C.), cabe señalar que el art.236 Cód.Civ. admite que en el marco del divorcio por presentación conjunta los esposos “podrán” realizar acuerdos acerca de los bienes de la sociedad conyugal y que el Juez podrá objetar una o más disposiciones si a su criterio se afectara “gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos”, disposición ésta que se considera en la doctrina y jurisprudencia prevaleciente, extensible y aplicable al divorcio por la causal objetiva de la separación de hecho (Méndez Costa, M. Josefa en “Código Civil Comentado-Derecho de Familia Patrimonial”, pág.351; Mizrahi, Mauricio Luis “Familia, matrimonio y divorcio”, pág. 435 y 557; Azpiri, Jorge O., “Régimen de bienes en el matrimonio”, pág.279, entre otros muchos). Así las cosas, si bien el art.1218 Cód.Civ. establece que son nulos los convenios de los esposos sobre los gananciales de la sociedad conyugal, ello no obsta que, como se dijo, en el marco del divorcio objetivo se presenten con el escrito de demanda o posteriormente acuerdos o convenios de liquidación de la sociedad conyugal, los que de esa manera “quedan sujetos para su validez ulterior a la condición suspensiva del dictado de la sentencia de divorcio y de su homologación por el juez” (Medina Graciela-Hooft Irene en “Código Civil Comentado”, pág.432; arts.214 inc.2, 215, 216, 217, 236, 1306 y concs. Cód. Civil).


No es sobreabundante recordar que la Suprema Corte abandonó su doctrina, anterior a la vigencia de la ley 23515, que predicaba que “los cónyuges no pueden, antes de la sentencia que decrete la separación de bienes, celebrar acuerdos destinados a poner fin a la sociedad conyugal y a distribuirse el patrimonio, ya que siendo de orden público el régimen correspondiente en el matrimonio y como consecuencia, inderogable por la voluntad de los cónyuges, dichos acuerdos carecen de eficacia conforme a lo que disponen los arts.953, 1038, 1044, 1047, 1218, 1231 y concs. Cód.Civ. (S.C.B.A. Ac.32771, 21/9/84 “J.A.R. s/Autorización Judicial”). En efecto, y como se recordó en un antecedente (esta Sala, 28/08/2001, “M. De S., A. V. S., G.”, JA 2002-III-811) “la Suprema Corte local modificó su doctrina anterior a las reformas introducidas al Código Civil por la ley 23515 que consideraba como ‘convenciones prohibidas a las concertadas sobre distribución de bienes gananciales con anterioridad a la sentencia que dispone la disolución de la sociedad conyugal, sin perjuicio de que, al procederse a la liquidación, se tomarán en cuenta las entregas realizadas como anticipo de gananciales a raíz del convenio’" (conf. A.y S., Serie 20, t.X, pág.332, 1958-VI-251; 1971-I-92; 1976-II-314, íd. III-280; 1978-III-631 y 863; D.J.B.A., t.128, pág.147; Ac.36.164, sent.del 12-8-1986 y Ac.35.070, sent. del 17-2-87)" (cit.en Sup. Corte Bs. As., Ac.37.392, 27/10/87, "Salto, Nora Z. c/ Amorosi, Jorge A. Incidente rendición de cuentas y liquidación sociedad conyugal", voto Dr.San Martín). En ese precedente el Superior Tribunal señaló que, en base a lo prescripto por los arts.205 y 236 Cód.Civil, cabe interpretar que ahora en el divorcio por presentación conjunta está permitido a los cónyuges acordar lo vinculado con la forma en que habrá de liquidarse la sociedad conyugal, supeditado al acogimiento de la pretensión de separación y a la aprobación del juez (párr. 4º). Por lo expuesto, ya no pueden considerarse tales acuerdos alcanzados por lo que prescriben los arts.1218 y 1219 del Código Civil" ( S.C.B.A. , Ac.37.392, 27/10/87 cit.).


Empero, en materia de convenios de liquidación de la sociedad conyugal -y ceñido a lo que aquí interesa para decidir- se discute en doctrina dos aspectos relevantes: si esos acuerdos pueden realizarse antes de la presentación judicial de la demanda de divorcio y cuáles son las causales de su revocación (art.236 Cód. Civil).


Con relación al segundo aspecto, esto es a los requisitos para impugnarlos luego de su celebración -y aunque el tema no es pacífico- prevalece ampliamente la opinión autoral y jurisprudencial que propugna conferirle estabilidad y validez, aceptando su revocación sólo en supuestos más bien excepcionales, por caso si se alegan y prueban vicios de la voluntad. En efecto y sin desconocer posturas que lo conciben como un proyecto revocable o un preacuerdo-retractable (Gowland, Alberto Jorge “Los acuerdos de liquidación de sociedad conyugal y el art.236 de la ley 23515”, L.L.1988-C-693; Fanzolato, E. en Bueres Alberto-Highton Elena “Código Civil” “Derechos Personales en las relaciones de familia”, pág.304) se sostiene, en general, que “el convenio reviste la fuerza de un acuerdo obligatorio, asimilado a un contrato, por lo que las partes antes de la sentencia sólo podrían alegar un vicio del consentimiento o la lesión con los requisitos que exige el art.954 del Cód.Civil, por cuanto está en juego la buena fe de las partes y la responsabilidad que deriva de una acción libre y deliberada, y que además, ha formado parte del plexo de acuerdo conexo con la demanda de separación personal o de divorcio vincular” (Azpiri, Jorge O. “Régimen de bienes en el matrimonio” cit. pág.279; en ese sentido Mizrahi, Mauricio Luis “Familia, matrimonio y divorcio” cit., pág.435 y citas de notas 122 y 176; Méndez Costa, M. Josefa “Código Civil Comentado-Derecho de Familia Patrimonial” cit., pág.358/359; aut. cit., “Un caso más de convenio pactado antes de la extensión del régimen patrimonial” en anotación laudatoria a fallo de la Suprema Corte de Mendoza en JA 1997-II-633; Lambois, Susana, “Una vez más sobre los convenios de liquidación de la sociedad conyugal previos a su disolución” en comentario aprobatorio a fallo de la Cámara de San Isidro, en L.L.Bs. As.2002-268; Minyersky de Menassé, Nelly, “Convenios de liquidación de la sociedad conyugal” en “Enciclopedia de Derecho de Familia”, Tº I p.695).


En definitiva, y sin teorizar sobre el tema en análisis, la incausada revocación pretendida por el esposo, A. G., en la que revocó dicho convenio no tiene virtualidad jurídica porque aún los partidarios de su revisabilidad requieren que concurran circunstancias atendibles; y en el caso no medió ni “invocación de perjuicio en la división” (argumento que admite Gowland en ob.cit. LL 1988-C-695) ni alegación de “causa razonable” (motivo que acepta Fanzolato en Bueres – Highton, Ob.cit., T 1-B-p.304). Y ello, insisto, desde la óptica más favorable al esposo toda vez que en mi opinión, y acompañando a la postura mayoritaria, el convenio sólo puede ser impugnado en supuestos particulares, los que requieren –obviamente- de la invocación de causales o fundamentos (faltantes en este caso) ya que no se adujo ningún vicio de la voluntad (conf. Mizraki, ob.cit., p.435 y notas 177 y 178; Minyersky, Nelly en ob.cit. T I, p.692, punto 11) ni esgrimió “la lesión resultante del aprovechamiento de la necesidad, de la inexperiencia o ligereza de uno de los esposos o la imprevisión prevista en el art.1198, párr.2º del Cód. Civil” (Azpiri, ob.cit., p.283). En autos el esposo antes de la sentencia de divorcio, y según resulta de ese expediente, revocó sin fundamento alguno ni expresión de causa (salvo la defensa del orden público patrimonial del matrimonio) dicho acuerdo por lo que esa retractación no tiene operatividad jurídica.


Empero, lo relevante para admitir la homologación del acuerdo son las circunstancias y situaciones de hecho en las que se celebró ese acto y sus ulterioridades, pese a la ausencia de temporaneidad entre su celebración (24/11/2000) y su presentación posterior(el 16/8/2004).


En consecuencia, admitida la validez de los convenios de liquidación en los divorcios por separación de hecho, y que la revocación aducida por A. G. carece de efectos, corresponde analizar el aspecto gravitante que es -como se anticipó- que el convenio se celebró con anterioridad a su presentación en el juicio de divorcio (art.236 Cód.Civ.).


Sobre éste tópico no cabe más que compartir los sólidos argumentos vertidos en dos fallos (uno de la Suprema Corte de Mendoza, mencionado en un precedente de la Casación Bonaerense, y otro de la Cámara de San Isidro) que, siguiendo la doctrina predominante, admitieron la validez de los mentados convenios pese a ser anteriores a la presentación de la demanda de divorcio por presentación conjunta.


Se sostuvo en el primer antecedente que son válidos los convenios de liquidación de sociedad conyugal suscriptos por los cónyuges “antes de la presentación del escrito judicial que peticiona el divorcio por presentación pero en el marco de éste, y agregados al expediente con posterioridad a la sentencia que acoge la pretensión” (Suprema Corte de Mendoza Sala 1ª, 21/10/96 “P.,A. y S.,D.F.”, voto Dra.Kemelmajer de Carlucci y con nota aprobatoria a fallo de M. Josefa Méndez Costa “Un caso más de convenio pactado antes de la extinción del régimen patrimonial” cit., J.A.1997-II-628).


En este fallo se hizo hincapié –en consideración trasladable al caso en juzgamiento- que por vía de principio los convenios celebrados durante la vigencia de la comunidad conyugal son nulos porque en esta etapa “a los esposos no les es permitido derogar la estructura y funcionamiento de la comunidad por vía de decisiones convencionales” (arts.1218, 1219, 1315 y concs. Cód. Civil; causa cit. voto Dra.Kemelmajer, JA 1997-II-623). Y lo que se ponderó, luego de analizar con agudeza y detalle los distintos aspectos involucrados en la cuestión (normológicos, sociológicos, etc.) que el acuerdo fue suscripto “en el marco del divorcio por presentación conjunta” y que el convenio y agregación en el expediente “están separados temporalmente por escasos quince días, tiempo durante el cual se ejecutó el convenio y cesó la convivencia”. La comentarista al fallo acotó –entre muchas otras consideraciones- que el convenio era válido no sólo por el breve lapso transcurrido entre la firma y la presentación conjunta de los esposos, sino por la “suficiente evidencia de su integración conjunta” (Méndez Costas, Josefa, ob.cit., JA 1997-II-633).


En la misma tendencia de la corte mendocina, la Dra. Graciela Medina, desde la Sala 1ª de la Cámara de San Isidro, sostuvo que ante la tendencia actual de apertura del régimen de la autonomía de la voluntad en materia patrimonial conyugal resulta inadmisible declarar la nulidad de un convenio de liquidación de bienes de una sociedad conyugal “celebrado días antes de presentar la demanda de divorcio por presentación conjunta y cumplido parcialmente con posterioridad a la sentencia de divorcio” (c.Civ.y Com. San Isidro Sala 1ª, 19/10/99 “B.,G. C/ M.,L.”, J.A. 2000-I-574 y LL BA 2000-259 con la anticipada nota aprobatoria de Lambois, Susana E., “Una vez más sobre los convenios de liquidación de la sociedad conyugal previos a su disolución” en LLBA 2000, p.257).


La sentencia argumentó que “el convenio de liquidación de la sociedad conyugal celebrado al tiempo de la demanda de divorcio entre los cónyuges es un negocio válido, sujeto a requisito de eficacia (o “condictio iuris”): el dictado de la sentencia que disuelve la sociedad conyugal (art.1306 Cód. Civil). ... Poco importa, entonces, que la homologación formal del convenio sea, respecto del fallo, posterior –como acontece en ocasiones por razones formales- o simultánea, dado que el juez no puede negarse a homologar el acuerdo salvo que se negocien derechos indisponibles y sin perjuicio de que las partes soliciten las medidas tendientes a detener la ejecución del acto si hay vicios de la voluntad” (receptando el voto del Dr.Bueres, en el plenario C.N.Civ., en pleno, 24/12/82, “G.R.L., M.”, en LA LEY, 1983-A, 483, en fallo cit. L.L.B.A.2000-257). Ese argumento que repara en la naturaleza jurídica del instituto es relevante y ha sido también puesto de manifiesto por Minyersky y Lambois. La primera afirma que “los acuerdos sobre liquidación de bienes gananciales son negocios jurídicos condicionados a la separación judicial de bienes, plenamente eficaces aun cuando se instrumentan con anterioridad, pero sujetos a la mentada disolución que actúa como elemento operante”; agregando que “el acuerdo de liquidación de los bienes gananciales depende, ineludiblemente, de la disolución de la sociedad conyugal, lo cual comporta que su ejecución y efectos son diferidos hasta ese momento” (ob.cit., Minyersky de Menassé, Nelly, “Convenios de liquidación de la sociedad conyugal” cit., p.685; Lambois, Susana, “Enciclopedia de Derecho de Familia”, Tomo I,A cit.).


Lambois, por su parte, enfatiza que no cabe confundir nulidad de los convenios (lo que comporta la existencia de vicios o defectos estructurales) con su eficacia. Por ello “los acuerdos pueden realizarse en cualquier momento, aún con anterioridad a la petición de separación personal o divorcio, sin perjuicio de ser denunciados por vicios del consentimiento, lesión u onerosidad sobreviniente, según el caso” (aut.y ob.cit. L.L.Bs.As. 2000-258). Lo que debe desecharse –acota- es que no se celebren acuerdos durante la vigencia de la sociedad conyugal para hacerlos valer ante un eventual divorcio, encubriendo acuerdos prohibidos de separación de bienes, lo que –en el caso que comentó- se descartaba porque las fechas en que se suscribieron y la de presentación del divorcio “guardan una razonable inmediatez”.


Resulta, entonces, que la nota relevante para admitir la presentación del acuerdo de fecha anterior a la de presentación de la demanda no queda estrictamente limitada a que se celebraron simultáneamente o con posterioridad al escrito de demanda, sino que –en opinión de Mizrahi- “incluso tendría que comprender a los suscriptos con fecha anterior en la medida en que, tras el análisis del juzgador, se los estime acordados en el marco del divorcio vincular o separación personal que después han peticionado las partes” (Mizrahi, Mauricio “Familia, matrimonio y divorcio” pág.559). Con palabras de Azpiri, ambos actos (celebración del acuerdo y presentación de la demanda de divorcio) puede efectuarse “dentro del trámite de negociación previo a la presentación judicial de la misma” (Azpiri, Jorge O. “Régimen de bienes en el matrimonio”, pág.278).


La interpretación en análisis es la que acogió la Suprema Corte de Buenos Aires en un precedente en el que por unanimidad hizo mérito de la postura del Superior Tribunal de Mendoza (S.C.B.A. Ac.84162, 24/9/2003 con primer voto de Dr.de Lázzari, “C.,M.A.”). Se ponderó especialmente que si bien el convenio carecía de fecha, se hacía expresa referencia a la iniciación del trámite de la presentación conjunta del divorcio, el que fue decretado por la causal prevista por el art.214 inc.2 del Cód.Civil, “por lo que tal extremo no constituye motivo que permita soslayar la operatividad del art.236 cit.” (S.C.B.A., voto Dr. de Lázzari, Ac.84162 cit.).


2. Los hechos objetivos que resultan de ponderar las constancias de estos autos (expte. 25287), del proceso principal (causa 25288 “C. M. E. c/A. G. E. D.. Divorcio vincular. Separación de Bienes”) y de los incidentes (causa 29670 “A. G., E. D. c/C., M. E.. Incidente de liquidación de Sociedad Conyugal” y causa 32483 “A. G., E. D. c/C., M. E. s/Rendición de cuentas”) son los siguientes:


- Los esposos se separaron de hecho de común acuerdo en Mayo de 1999, según lo expresaron ambos en el “Convenio entre Esposos”, de fecha 24 de Noviembre de 2000 y cuyas firmas fueran certificadas notarialmente (fs.2/4; ver expte.25288 exposición policial de la esposa a fs.4 en la que, incluso, se hace referencia a una fecha anterior de cese de la convivencia; fs.26 exposición civil del cónyuge, de similar tenor, en la que sitúa la fecha de la separación de hecho en 1998; admisión procesal de A. G. al contestar la demanda a fs.29/30; sentencia de fs.51/53);


- Es elocuente transcribir, para clarificar la real situación vivencial, la cláusula Primera del precitado convenio: “Ante dificultades que tornaren imposible la vida en común, (ambos esposos) decidieron y establecieron sus domicilios por separado, concretando de esta forma la separación de hecho desde el mes de mayo de 1999. De esta forma la Sra.C. continuará domiciliada en Avenida Colón Nº 4042, lugar del hogar conyugal, junto a la hija común de las partes: D.A. El Sr. A. se establecerá y fijará domicilio en el vecino país de Uruguay, excluyéndose del hogar conyugal y comprometiéndose a no turbar la posesión ni la vida privada de su ex consorte. Esta decisión tomada de común acuerdo y con pleno conocimiento de ambos, no podrá ser esgrimida por ninguno de ellos como causal de divorcio” (sic, fs.cit.).


- En 1999 A. G. regresó a Uruguay –su país de origen- (expte.25288, acta de exposición civil del esposo citada a fs.26; admisión procesal al deducir el incidente de rendición de cuentas fs.4 vta. causa 32483);


- En el precitado convenio los cónyuges no sólo asentaron su separación de común acuerdo y sin causal culpable, la radicación mencionada de A. G. en el país vecino, sino que acordaron la siguiente división de bienes: 1) el inmueble sito en Avda. Colón 4042 de Olavarría sería vendido, a cuyos fines se determinó un precio mínimo, y cuyo producido se distribuiría en partes iguales; 2) también los muebles y enseres del hogar se repartirían por igual, y según inventario a realizarse; e) el fondo de comercio de Pizzería y anexo “Tico-Tico”, sito en Vicente López 3388 de Olavarría, que desde la fecha de la separación de bienes (mayo de 1999) a la de ese acuerdo (24/11/2000) fue explotado por la esposa, “quedará enteramente en propiedad” suya, previo pago del 50% de su valor el que se lo fijó en U$S 3.000. Ella también deberá abonar U$S 5.500 por el usufructo durante ese período (Mayo 1999 al 24/11/2000). El total del precio a pagar por C. (U$S 8.500.-) se abonaría al concretarse la venta del inmueble principal.


- De este modo no hay dudas que la separación de hecho fue acordada en el mencionado convenio en noviembre de 2000, reconociendo que la misma se remontaba a una fecha anterior (1999), y que, en ese marco, se suscribió el modo de liquidar los bienes conyugales.


- Así las cosas, y no habiéndose deducido antes ningún proceso judicial, el 2 de Marzo de 2004 el esposo mediante documento (fs.16) “rescindió las estipulaciones contenidas en ese convenio” (aunque alude a otra fecha) por “resultar nula” por disposición de orden público en atención a la “calidad de esposos a esa fecha” (expte.25288 fs.24).


-Recién el 18 de Agosto de 2004 C. promovió el divorcio por separación de hecho (fs.11 expte.25288 y fs.10 de estos autos). A. G. se allanó al divorcio y reconoció la autenticidad del convenio referido, al que le resta eficacia. Luego de otras contingencias procesales se dictó la sentencia que acogió la pretensión y decretó el divorcio por esa causal objetiva, confiriendo validez al allanamiento del esposo y declaró disuelta la sociedad conyugal con efecto al día de la notificación de la demanda (el 14/9/2004).


En este marco fáctico y jurídico, no habiéndose invocado por el esposo ningún vicio de la voluntad ni causal objetivamente atendible que controvirtiera el contenido y alcance del acuerdo libremente pactado cuando se separaron, no existe mérito para –ahora- dejarlo de lado.


Desconocer efectos jurídicos a ese acuerdo significaría, en el caso, consagrar un evidente y notorio ejercicio abusivo del derecho de A. G. y soslayar el basamento fáctico y jurídico decisivo: los esposos se separaron de hecho y determinaron en el año 2000 la forma de dividirse los bienes, difiriendo la presentación judicial (recuérdese que el marido se fue del país), la que recién se concretó bastante tiempo después. Esas revelan de modo incontrastable que todo el trámite (tanto el acuerdo patrimonial como el reconocimiento de los hechos que motivaron la ulterior sentencia judicial de divorcio) guarda correspondencia entre sí porque se trata de un mismo e inescindible hecho, instrumentado en forma indubitable y libre, del que sólo se pospuso temporalmente su presentación judicial.


En definitiva: pese a la marcada diferencia temporal entre la fecha de suscripción del convenio (24/11/2000) y el de su presentación (16/8/2004) habiéndose decretado el divorcio por la causal objetiva reconocida bilateralmente por ambos esposos en dicho convenio (sentencia del 29/12/2005), operó la condición que le confirió eficacia. Y ello porque –insisto- en realidad existió un diferimiento temporal justificante de la presentación judicial posterior motivado por la ausencia del país del esposo, quién se radicó en Uruguay, aunque luego regresó al país (expte. 32.483, fs.4 vta.). Entonces, existe unicidad fáctica y vivencial entre la separación de hecho y la forma de acordar la división de la sociedad conyugal mediando sólo un diferimiento transitorio de la promoción de la acción judicial que obedeció a dicha y singular razón.


Y ello es contundente para receptar que, según el principio de normalidad, esto es lo que sucede de ordinario según el curso natural de las cosas (doc. art.901 Cód. Civil), al reconocer las causales y hechos del cese de la convivencia, también acordaron cómo dividir sus bienes en un acto que conforme las circunstancias del caso, fue celebrado “en el marco del divorcio luego peticionado” (Mizrahi, ob.cit., p.55), lo que descarta cualquier intento espúreo de procurar, alguno de ambos, ventajas patrimoniales en infracción al régimen del orden público matrimonial (arts.1216, 1218, 1219 y concs. Cód. Civil).


Por lo expuesto soy de la opinión que corresponde homologar el convenio de marras en cuanto fija los criterios y parámetros de división de la sociedad conyugal, sin perjuicio de su necesaria readecuación y eventual integración (ello así, por la manifestación carente de prueba, de A. G. vertida a fs.29vta. expte.25288 , en el sentido de que habría otros bienes) toda vez que los valores estimados se consignaron en dólares estadounidenses en época anterior al dictado de las normas pesificadoras. Todo ello, obviamente, con intervención de ambas partes.


Las costas se impondrán en ambas instancias por su orden atento la naturaleza de la cuestión decidida (arts.68, 71 y 274 C.P.C.).


Así lo voto.


A la misma cuestión la señora Juez, doctora DE BENEDICTIS , votó en idéntico sentido.


A LA SEGUNDA CUESTIÓN,


El Señor Juez DR. Galdós, dijo:


I) Atento la imposición de costas efectuada en la última parte de la primera cuestión y atento lo normado por el art.274 del C.P.C.C. corresponde dejar sin efecto la regulación efectuada a fs.82vta. y adecuar dichos honorarios. Por lo tanto el tratamiento del recurso interpuesto a fs.85 deviene abstracto.


II) En atención al valor y mérito de los trabajos realizados, y en orden a lo dispuesto por los arts.13, 14, 15, 16, 21, 22 y concs. dec/ley 8904/77, regúlanse los honorarios de la Dra.M .G.M. , en su carácter de patrocinante del Sr.A. G., en la suma de pesos ..... ($ ....-), los de la Dra.C .N.C., en igual carácter que la anterior, en la suma de pesos .... ($ .....-) y los del Dr.H.D.M., patrocinante de la actora , en la suma de pesos ..... ($ .....-), todos con más el aporte legal correspondiente.


Por los trabajos realizados ante este Tribunal y atento a lo dispuesto por el art.31 del Decreto/Ley 8904/77, regúlanse los honorarios de la Dra.M .G.M. , en su carácter de patrocinante del Sr.A. G., en la suma de pesos .... ($ ....-) y los del Dr.H.D.M., en su carácter de patrocinante de la actora , en la suma de pesos .....($ .....-), con más el aporte legal.


Así lo voto.


A la misma cuestión la señora Juez, doctora DE BENEDICTIS , votó en idéntico sentido.


A LA TERCERA CUESTIÓN,


El Señor Juez DR. Galdós, dijo:


Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C. corresponde revocar la sentencia recurrida y homologar el convenio de liquidación de la sociedad conyugal celebrado con fecha 24 de Noviembre de 2000 por los esposos M. E. C. y E. D. A. G., en cuanto fija los criterios o parámetros de adjudicación de los bienes, sin perjuicio de su necesaria adecuación e integración, en la que, con intervención de ambos, se determinaron los valores actuales pertinentes. Las costas se impondrán en ambas instancias por su orden atento la naturaleza de la cuestión decidida (arts.68 y 71 C.P.C.). D ejando sin efecto la regulación efectuada a fs.82vta. y adecuando dichos honorarios. Por lo tanto el tratamiento del recurso interpuesto a fs.85 deviene abstracto.


Regúlanse los honorarios de los letrados intervinientes según lo dispuesto en el considerando II de la Segunda Cuestión.


Así lo voto.


A la misma cuestión la señora Juez, doctora DE BENEDICTIS , votó en idéntico sentido.


Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:


SENTENCIA

Azul, 4 de Diciembre de 2008

AUTOS Y VISTOS:


CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., REVÓCASE la sentencia recurrida y HOMOLÓGASE el convenio de liquidación de la sociedad conyugal celebrado con fecha 24 de Noviembre de 2000 por los esposos M. E. C. y E. D. A. G., en cuanto fija los criterios o parámetros de adjudicación de los bienes, sin perjuicio de su necesaria adecuación e integración, en la que, con intervención de ambos, se determinaron los valores actuales pertinentes. IMPÓNENSE las costas en ambas instancias por su orden atento la naturaleza de la cuestión decidida. DÉJASE SIN EFECTO la regulación efectuada a fs.82vta. y ADECÚANSE dichos honorarios. Por lo tanto el tratamiento del recurso interpuesto a fs.85 deviene abstracto.


En atención al valor y mérito de los trabajos realizados, y en orden a lo dispuesto por los arts.13, 14, 15, 16, 21, 22 y concs. dec/ley 8904/77, REGÚLANSE los honorarios de la Dra.M .G.M. , en su carácter de patrocinante del Sr.A. G., en la suma de pesos ..... ($ .....-), los de la Dra.C .N.C., en igual carácter que la anterior, en la suma de pesos ..... ($ .....-) y los del Dr.H.D.M., en su carácter de patrocinante de la actora , en la suma de pesos .... ($ .....-), todos con más el aporte legal correspondiente.


Por los trabajos realizados ante este Tribunal y atento a lo dispuesto por el art.31 del Decreto/Ley 8904/77, REGÚLANSE los honorarios de la Dra.M .G.M. , en su carácter de patrocinante del Sr.A. G., en la suma de pesos .... ($ .....-) y los del Dr.H.D.M., en su carácter de patrocinante de la actora , en la suma de pesos ....($ .....-), con más el aporte legal.


REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y devuélvase. Fdo.: Dra.Ana María De Benedictis – Presidente – Cámara Civil y Comercial – Sala II – Dr.Jorge Mario Galdós Juez – Cámara Civil y Comercial – Sala II. Ante mí: Dra.María Fabiana Restivo – Secretaria – Cámara Civil y Comercial – Sala II.

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