Transito terrestre




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TRANSITO TERRESTRE


Los Gobernadores no son autoridades de tránsito y, por consiguiente, no tienen atribución para revisar periódica­mente los vehículos con el fin de verificar su correcto estado mecánico y el de los instrumentos de control y seguridad y para ordenar su inmo­vilización cuando se comprueben graves deficiencias de este orden.


Decrétase la nulidad del Decreto 1133 de 1980 dictado por el Goberna­dor del Departamento de Norte de Santander.


CONSEJO DE ESTADO


SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


SEC­CION PRIMERA


Consejero ponente: JACOBO PEREZ ESCOBAR


Bogotá, D.E., catorce (14) de abril (04) de mil novecientos ochenta y dos (1982)


Radicación número:


Actor: ELIAS JAIMES CASTILLO


Demandado:


Expediente: No. 3.599


Se decide el recurso de apelación interpuesto en oportunidad legal por el actor contra la sentencia de 18 de marzo de 1981 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se denegaron las sú­plicas de la demanda.


I. ANTECEDENTES


El señor Elias Jaimes Castillo, en ejercicio de la acción contencioso ad­ministrativa consagrada en el artículo 66 de la Ley 147 de 1941, demandó ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander la declaratoria de nu­lidad del Decreto 1133 de 1980 expedido por la Gobernación del expresado Departamento.


Señala el demandante como normas infringidas por el acto administrati­vo acusado los artículos lo., 3o., 40, 73, 191, 230 y 258 del Decreto 1344 de 1970 (Código Nacional de Tránsito Terrestre); lo., literal a), del Decreto 1147 de 1971; 194 de la C. N. y 127, atribución 18, del C. de R. P. y M.


II. LA SENTENCIA APELADA


El Tribunal a-quo puso término a la primera instancia de este proceso mediante la sentencia apelada, en virtud de la cual denegó las súplicas de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:


1o. En relación con el primer cargo que le hace el demandante al decre­to impugnado, consistente en señalar el artículo lo. del Decreto 1344 de 1970 como infringido, porque no puede exigirse por otras autoridades requisitos distintos o adicionales a los establecidos en el Código Nacional de Trán­sito Terrestre para circular por las vías públicas, sostiene el Tribunal que no encuentra el quebranto de dicha norma, "ya que después de transcribir su texto, el actor no expresa de manera clara y precisa el concepto sobre la vio­lación, pues, habla de exigencia de nuevos requisitos cuando el precepto se refiere a la vigencia del Código en el territorio nacional".


2o. En cuanto al segundo cargo hecho al acto acusado, consistente en afirmar que se violó el artículo 3o. del Decreto 1344 de 1970, "donde se se­ñala cuáles son las autoridades de tránsito, en cuyas seis categorías no se en­cuentran los gobernadores de departamento, esto es, que el señor Gobernador no tenía competencia para dictar el acto enjuiciado, estima el Tribunal que el artículo 7o. del expresado Decreto es muy claro al dar esta clase de com­petencia (ratione materiae) a los Gobernadores cuando reza que ellos, las Asambleas, los Concejos Municipales, los Alcaldes, los Consejos IntendenciaIes y los Intendentes y Comisarios, dentro de su respectivo territorio, expedi­rán las normas y tomarán las medidas necesarias para la mejor ordenación del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas", y que a esto debe agregarse que el ataque del querellante solo se limita a registrar que el Gobernador no tenía competencia para dictar el acto cuestionado.


3o. En relación con el tercer cargo que se le hace al acto acusado, con­sistente en señalar que él quebranta los artículos 40, 230, 191, 73 y 258 del Decreto 1344 de 1970 y 127, ordinal 18, del C. de R. P. y M., el Tribunal es­tima que "las deficientes técnicas de la demanda de que se ha hecho mención, hacen que los cargos antes relacionados no pueden obtener éxito procesal".


4o. En cuanto al cuarto cargo hecho por el demandante al acto impug­nado, consistente en afirmar que él transgredió el literal a) del artículo 1o. del Decreto 1147 de 1971, porque esta disposición determina que es el Instituto Nacional del Transporte el que "debe dictar las normas que sean necesarias para la adecuada ejecución del Código Nacional de Tránsito y de sus decretos reglamentarios. Asimismo se vulneró el artículo 2o. ibídem que determina como función propia de las direcciones departamentales de tránsito 'el diri­gir, organizar y controlar todo lo relacionado con el tránsito', en su respec­tiva jurisdicción", expresa el Tribunal que aunque es cierto lo antes afirmado, "sin embargo, el impugnador solo hace la afirmación de que se infringieron tales preceptos, sin expresar el concepto de la violación, presupuesto indis­pensable en esta clase de acciones conforme al mandato del artículo 84, nu­meral 4o. del C. C. A.".


5o. El quinto cargo consiste en afirmar que el acto acusado vulnera la atribución la. del artículo 194 de la C. N., porque ésta determina como obli­gación de los Gobernadores "cumplir y hacer que se cumplan los decretos y órdenes del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas". Respecto a este cargo dice el Tribunal que el demandante no demostró el quebrantamiento de las normas superiores de derecho por parte del acto sub-judice.


III. CONCEPTO DEL FISCAL


El señor Fiscal Primero de la Corporación en su concepto de fondo soli­cita a esta Corporación la revocatoria del fallo apelado y que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, por considerar que el Gobernador del Departamento de Norte de Santander no era competente para expedir el acto impugnado. Al respecto expresa lo siguiente:

"Como uno de los cargos trata sobre incompetencia del Gobernador (artículo 3o. Decreto-ley No. 1344 de 1980 (sic), del análisis de él depende el que se realice el de los demás, pues si se comprueba dicha incompetencia, por ese solo hecho habrá de declararse la nulidad del acto impugnado.


"El artículo 3o. del Decreto-ley 1344 de 1970 (agosto 4), fue modifica­do por el artículo 2o. del Decreto-ley 2169 de noviembre 9 del mismo año, y mediante él se consagró quiénes son autoridades de tránsito, no encontrán­dose entre ellos la persona del Gobernador.


"Como quiera que el Decreto-ley 2169 de 1970, en su artículo 23 de­terminó la derogatoria de todas las disposiciones que le fueren contrarias, ra­zón para suponer que en tratándose de practicar revisiones sean éstas periódi­cas o especiales, y estando dicha función radicada en cabeza de las Direccio­nes Departamentales de conformidad con el Decreto Reglamentario 1147 de 1971, la facultad de que trata el artículo 7o. del Decreto 1344 de 1970, no otorga a los Gobernadores facultades para estos menesteres, sino para expedir las normas y tomar las medidas necesarias para la mejor ordenación del trán­sito de personas, animales y vehículos".


IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA


Habiéndose ejecutoriado el auto de citación para sentencia y no hallán­dose causal de nulidad que invalide lo actuado en el presente juicio, se proce­de a decidirlo previas las siguientes consideraciones:


A. EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO


Como se expresó antes, el acto administrativo acusado es el Decreto No. 1133 de 19 de septiembre de 1980, "por el cual se dictan unas disposiciones y se deroga un decreto". Su artículo es del siguiente tenor:


"Artículo Primero: Dentro de los tres meses siguientes, contados a par­tir de la fecha de expedición del presente decreto, todos los vehículos auto­motores de placas extranjeras cuyos propietarios, nacionales o extranjeros, se encuentren domiciliados en el territorio del Departamento, deberán ser registrados y revisados en sus condiciones mecánicas y reglamentarias, en la Dirección Departamental de Tránsito.


"Parágrafo: El automotor que no se encuentre en perfecto estado me­cánico y de condiciones normales de funcionamiento, su dueño tendrá un pla­zo de 60 días, a partir de la fecha de revisión, para efectuar las reparaciones que se le señale.


"Artículo Segundo: En los casos de primera revisión sin observaciones, y en el de segunda para constatar que se han verificado las correcciones me­cánicas que se le pidieron en la primera, al vehículo se le expedirá un revisado.


"Artículo Tercero: Los automotores que circulen sin cumplir las dis­posiciones del presente decreto, serán retenidos por las autoridades de trán­sito o de policía, y sus dueños sancionados con multa de dos mil pesos ($ 2.000) impuesta por la Inspección Municipal de tránsito y a favor del res­pectivo Municipio en un 50%. El restante 50% para el Departamento que deberá ser transferido cada mes.


"Parágrafo: Los dueños de los vehículos de que habla este artículo, po­drán retirarlos previo el pago de la sanción establecida, y gozarán de un nuevo plazo en un mes para ponerse a derecho. Los días que permanezca el auto­motor retenido, pagará la suma de cincuenta pesos diarios ($ 50.00).


"Artículo Cuarto: La Dirección Departamental de Tránsito, reglamen­tará lo dispuesto en el presente decreto e impartirá las instrucciones del caso.


"Artículo Quinto: Las disposiciones del presente decreto, se aplicarán cada año.


"Artículo Sexto: Derógase en todas y cada una de sus partes el Decreto No. 599 de junio 4 de 1980, y los demás que le sean contrarios.


"Artículo Séptimo: El presente decreto rige a partir de su expedición".


B. LOS CARGOS DE ILEGALIDAD


El actor le hace al decreto acusado varios cargos de ilegalidad, pero si­guiendo un orden lógico se estudiará primero el relativo a la incompetencia del Gobernador para dictarlo. Si éste no prospera, se analizarán enseguida los otros cargos.


Primer cargo. Incompetencia del Gobernador. Sostiene el demandante que el artículo lo. del Decreto 1344 de 1970 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) dispone que sus normas "rigen en todo el territorio nacional, regu­lan la circulación de los peatones, animales y vehículos por las vías públicas y por las vías privadas que estén abiertas al público", y que el artículo 3o. ibídem señala cuáles son las autoridades de tránsito, en cuyas seis categorías no se encuentran los Gobernadores de Departamentos, y que de acuerdo con esta norma el Gobernador no es competente para exigir requisitos distintos o adicionales a los establecidos en el mencionado Código para que circulen los vehículos por el territorio de su jurisdicción.


Sobre el mismo cargo sostiene el señor Agente del Ministerio Público que el artículo 3o. del Decreto-ley 1344 de 1970 fue modificado por el artículo 2o. del Decreto-ley 2169 del mismo año y que mediante él se estableció quié­nes son autoridades de tránsito, no encontrándose en ellos la persona del Go­bernador. Pero como el artículo 23 del Decreto 2169 de 1970 derogó todas las disposiciones que le fueron contrarias, se tiene que en tratándose de prac­ticar revisiones, sean éstas periódicas o especiales, corresponden a las jurisdic­ciones departamentales de tránsito, de conformidad con el Decreto Regla­mentario 1147 de 1971, lo cual significa que la facultad de que trata el ar­tículo 7o. del Decreto 1344 de 1970 no se refiere a estos menesteres.


Sobre este cargo se considera lo siguiente:


  1. El Decreto 1133 de 1980 expedido por el Gobernador del Departa­mento Norte de Santander ordena que dentro de los tres meses siguientes a su expedición "todos los vehículos automotores de placas extranjeras cuyos propietarios, nacionales o extranjeros, se encuentren domiciliados en el terri­torio del Departamento, deberán ser registrados y revisados en sus condicio­nes mecánicas y reglamentarias, en la Dirección Departamental de Tránsito" (artículo lo.), y después de establecer algunos pormenores sobre esta misma materia, proceptúa en su artículo 3o. que "los automotores que circulen sin cumplir las disposiciones del decreto, 'serán retenidos por las autoridades de tránsito o de policía, y sus dueños sancionados con multa de dos mil pesos ($ 2.000) impuesta por la Inspección Municipal de tránsito y a favor del res­pectivo Municipio, en un 50%. El restante 50% para el Departamento que deberá ser transferido cada mes".




  1. En relación con la materia objeto del decreto acusado encuentra la Sa­la que el artículo 73 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Decreto-ley 1344 de 1970) establece que "las autoridades de tránsito revisarán periódica­mente todos los vehículos, con el fin de verificar su correcto estado mecá­nico y el de los instrumentos de control y seguridad, y cuando comprueben grandes deficiencias mecánicas o de higiene, podrán ordenar la inmovilización del vehículo, hasta que se corrijan".


Ahora bien, según el artículo 2o. del Decreto-ley 2169 de 1970, que modificó el artículo 3o. del Decreto-ley 1344 del mismo año, son autoridades de tránsito:


"lo.) El Ministro de Obras Públicas.


"2o.) El Consejo Superior de Tránsito.


"3o.) Las Secretarías, Departamentos o Direcciones de tránsito de ca­rácter departamental, distrital, intendencial y comisarial.


"4o.) Los Alcaldes Municipales e Inspectores de Policía.


"5o.) Las Secretarías, Departamentos e Inspecciones Municipales de tránsito.


"6o.) La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía vial y policía urbana de tránsito".


De lo transcrito se infiere que el señor Gobernador no es autoridad de tránsito y, por consiguiente, no tiene atribución para revisar periódicamente los vehículos con el fin de verificar su correcto estado mecánico y el de los instrumentos de control y seguridad y para ordenar su inmovilización cuando se comprueben graves deficiencias de este orden.


Pero podría alegarse que el decreto impugnado es una reglamentación a la cual no se refiere el citado artículo 73, sino más bien él cabe dentro de las facultades que le otorga el 7o. de la misma obra a los gobernadores, pues ex­presa que "las asambleas, los gobernadores, los concejos municipales, los al­caldes, los consejos intendenciales y los intendentes y comisarios, dentro de sus respectivos territorios, expedirán las normas y tomarán las medidas nece­sarias para la mejor ordenación del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas".


Considera la Sala, en primer lugar, que el decreto acusado no tiene por objeto ordenar el tránsito de vehículos por las vías públicas, puesto que no trata de poner en orden el tránsito, es decir, regular la circulación de manera concertada y armoniosa de los vehículos por las vías públicas, sino que orde­na su revisión mecánica para que puedan circular, lo cual es cosa diferente.


De otra parte encuentra la Sala que, conforme lo dispone el literal i) del artículo 1o. del Decreto Reglamentario 1147 de 1971, es función privativa del Instituto Nacional del Transporte "reglamentar la forma y período de las revisiones de vehículos a que hace referencia el artículo 73 del Código Na­cional de Tránsito". De suerte, pues, que no estándole atribuido a los Gober­nadores la función de reglamentar lo referente a la materia indicada en el ar­tículo 73 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, el decreto acusado está viciado de nulidad por incompetencia del funcionario que lo expidió.

Otros cargos. Habiendo prosperado el primer cargo, la Sala considera innecesario hacer el análisis de los demás formulados por el actor en su libelo demandatorio.

En mérito de las consideraciones anteriores, el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con su colaborador Fiscal,

FALLA:


1o. Revócase la sentencia apelada y en su lugar se declara la nulidad del Decreto 1133 de 19 de septiembre de 1980 dictado por el Gobernador del Departamento Norte de Santander.


2o. Ejecutoriada esta providencia, vuelvan los autos al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.


Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha dos de abril de mil novecientos ochenta y dos.


JACOBO PEREZ ESCOBAR, ALFONSO ARANGO HENAO, MARIO ENRIQUE PEREZ V., ROBERTO SUAREZ FRANCO

LORENZO ROJAS SURMAY, SECRETARIO

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